La sospecha y pérdida de la credibilidad son factores muy importantes que actúan no solo ante los inversores y el “establishment”, también para el público general. Y esto atenta contra la principal bandera y logro del gobierno nacional: la disminución de la inflación, que es valorada por toda la sociedad. A diferencia de lo que prometió el gobierno nacional, que será cero hacia mediados de año, las estimaciones y la realidad indican que aumentará. Aunque se refieren a lo que refieren las estadísticas, el principal termómetro social es la percepción de la ciudadanía, que claramente es “todo continúa aumentando”. Es la realidad que viven muchas familias: “No llegamos a fin de mes”. Esto en la clase media, en parte, se soluciona con la tarjeta de crédito u otras formas de endeudamiento. También los sectores con menores ingresos han aumentado el endeudamiento, pero alcanzaron un límite. Según datos de Management and Fit, el 50,8% de quienes tomaron deuda lo hicieron para cubrir necesidades por gastos corrientes como servicios y alimentación o cubrir endeudamiento previo, para la población general el consumo implica más que alimentos. Un aspecto importante es el cambio de la prioridad de las preocupaciones, mientras que al comienzo del gobierno de Milei era la inflación, ahora dos años después es el trabajo. Esto tiene un valor diferente según se trate de mujeres u hombres. El domingo 23 de enero del 2026, la nota de 50/50 en la sección economía del diario PERFIL sobre la economía feminizada marca claramente esta diferencia. Milei fue muy claro en su campaña presidencial en su interés de destruir el Estado y, en ese sentido, desde el comienzo de su gobierno actuó disminuyendo el gasto público nacional en forma drástica: un 27,1% entre fin del 2023 y el 2025. Si bien este descenso afectó principalmente lo destinado a la obra pública, afectó otras especialmente las relativas a la salud, la educación, la ciencia y tecnología entre otras, mientras aumentaron ampliamente los gastos destinados a la SIDE y las áreas centrales del gobierno nacional. Como las mujeres son las más representadas en el empleo público fueron las que se vieron más perjudicadas. El 24,8% de las mujeres de 35 a 50 años están en empleo público, mientras que los varones a esa edad solo el 14%. Cuando se analiza la edad de quiénes perdieron el empleo público, predominan las personas de 18 a 26 años, lo que significó una disminución del 43% entre el último trimestre del 2023 y el del 2025. El análisis de qué les pasó a esas mujeres y esos hombres indica que ellas pasaron al sector informal, mientras que los varones fueron absorbidos en el sector privado, y en algunos casos, con mejores salarios. Esto significó ampliar la participación de las mujeres en el sector informal que ya era alta, con la consiguiente pérdida de cobertura social, y el deterioro de su calidad de vida. Si a esto le sumamos la disminución o interrupción total de programas de atención de problemas, que afectan principalmente la vida de mujeres y niñas en toda su diversidad, como los destinados a prevenir y atender la violencia de género y la salud sexual y reproductiva incluida la maternidad, es lógico que se registra un aumento de estos problemas en la salud y vida de las mujeres e incluso de la niñez. Por ejemplo, se registró un aumento de la mortalidad infantil, o sea la muerte en el primer año de vida, entre 2024 en relación con 2023, que se concentró en los primeros 28 días de vida. Este es un llamado de atención sobre el funcionamiento de los servicios de salud y especialmente los del sector público. La reforma laboral que es el otro tema candente, no aporta solución al empleo de mujeres y niñas en su diversidad y menos aun propone cambios en la mejora de la respuesta por parte del Ministerio de Salud de la Nación, ya que las provincias son ahora las únicas que deben sustentar la atención de la salud pública, y por tanto las diferencias en la calidad y cantidad de servicios disponibles es muy grande y se expresa en los índices diferentes de morbimortalidad materna e infantil. Aunque estos se registran con un retraso de un año o dos para poder compararlos ante la necesidad de revisión y ajuste que debe hacer el sector de estadísticas a fin de cumplir los parámetros internacionales. Esto beneficia al gobierno nacional, pero tiene “patas cortas“. El 2027 será clave.