El Gobierno mantiene una deuda en concepto de subsidios con las empresas de gas por unos $ 100.000 millones, ya que tiene un atraso de entre 3 y 4 meses en la cobertura del régimen de zona fría. El dinero corresponde a los consumos de gas de los últimos meses de 2025 y el primer trimestre de 2026, según pudo corroborar Clarín con múltiples fuentes de distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural y lo que admitieron fuentes oficiales. Técnicamente se la conoce como una deuda "flotante": una operación devengada -cuando el trabajo, en este caso el consumo de gas, se concreta- pero no pagada, que ayuda al Ministerio de Economía a mantener el superávit fiscal.

Frente a una situación de ingresos insuficientes, el equipo de Luis Caputo tiene que pisar los pagos para que cierren las cuentas públicas sin la necesidad de colocar deuda ni recurrir a emisión monetaria. Por qué hay cambios en la zona fría de gas El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se financia con el cobro de un recargo de 7,5% sobre el precio mayorista del gas a todos los hogares de zonas "no frías", así como a la industria, las centrales termoeléctricas y otros grandes usuarios de gas. Ese dinero, a su vez, se destina a bajar entre 30% y 50% las facturas de los usuarios residenciales de las zonas frías, como la Patagonia, Malargüe (Mendoza), la Puna y cientos de localidades del Interior que fueron incluidas en la ampliación ideada por Máximo Kirchner en 2021.

Justamente esa extensión de los beneficios de los 900.000 usuarios originales a 3,4 millones provocó un enorme salto en los costos, que no llegaron a ser cubiertos por el sistema de recaudación del régimen de zona fría. Así, un fondo fiduciario que tenía superávit primero necesitó alícuotas cada vez mayores -del 4,46% al 5,44% en 2021 y a partir de abril de 2025 creciendo hasta 7,5%- y finalmente terminó teniendo déficit, que el Estado saldó con subsidios. Según los números de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el año pasado el Tesoro transfirió $ 40.560 millones para solventar el desequilibrio financiero del fondo fiduciario.

Los ingresos totalizaron en 2025 unos $ 451.000 millones, con un promedio mensual de casi $ 37.600 millones. Por los mayores volúmenes de gas consumidos, las cifras son más altas en invierno y caen en verano. Con la reducción de la cantidad de beneficiarios del régimen de zona fría (lo perderán quienes tengan ingresos mayores a $ 4 millones por grupo familiar), caerán los costos del fondo fiduciario y el Gobierno generará un margen fiscal para cancelar sus compromisos pendientes.

De acuerdo a lo que dijeron fuentes de la industria energética, la voluntad oficial es ir achicando la deuda en subsidios hasta ponerse al día. El modus operandi del Gobierno: pisar los pagos El atraso en los pagos a proveedores del Estado, entre ellos las petroleras y generadoras eléctricas, forma parte del modus operandi del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para mantener en orden la caja. Tras la devaluación inicial del presidente Javier Milei y en medio de un severo problema con las tarifas pisadas desde el gobierno de Alberto Fernández, Caputo resolvió esa ecuación con la colocación de un bono a 14 años para pagar una deuda en subsidios del equivalente en pesos a 750 millones de dólares.

Los cambios al régimen de zona fría también tienen otros efectos sobre el sector energético. La iniciativa oficial garantiza que las exportaciones de gas natural a la región a través de gasoductos seguirán excluidas del pago del recargo y agrega entre las excepciones a los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL). Es decir, los integrantes del consorcio Southern Energy (SESA), como Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG quedarán exentos, en lo que significa un vector de competitividad para vender el gas al exterior.

Lo mismo sucederá con los proyectos que todavía no tienen una decisión de inversión, como el de YPF con ENI y Adnoc, el de Camuzzi en Buenos Aires y el de la Compañía General de Combustibles (CGC) mediante Chile. Asimismo, la reducción de los beneficios de la zona fría generarán no solo un margen para que el Gobierno salde sus deudas, sino que incluso podría en el futuro habilitar una baja de la alícuota del 7,5% -cuando el fondo fiduciario vuelva a tener superávit-, lo que impactará en los costos energéticos industriales y bajará también el costo de la electricidad, con efecto a mediano plazo sobre los subsidios. Sobre la firma