Desbaratan plan narco para asesinar a un juez federal y a un fiscal de Entre Ríos Un narcotraficante pagó una considerable suma en dólares a un sicario que iba a matar a los funcionarios judiciales mientras pasaban sus vacaciones en Uruguay. La justicia de Gualeguaychú desbarató un plan ideado por un jefe narco de Diamante, ciudad ubicada en el extremo oeste del territorio entrerriano, para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, en el marco de una causa que los involucra. La maniobra se vinculó al narco Leonardo Airaldi, quien habría pagado U$S40.000 a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante las vacaciones que los magistrados supuestamente iban a pasar en Uruguay, aunque ninguno de ellos viajó al país vecino ni tenía previsto hacerlo. El dato surgió a partir del testimonio de un recluso ligado al narcotráfico, quien aportó la información ante la justicia federal, tras lo cual se inició la investigación que permitió desarticular el plan. Según el relato del interno, Airaldi buscaba venganza contra Ríos y Candioti por la causa que lo llevará a juicio en los próximos días. De acuerdo con lo manifestado por el testigo, el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candioti “tiene todo arreglado para que le dé 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”. El preso declaró ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien requirió al juez federal Hernán Viri una orden de allanamiento que se cumplió el viernes por la tarde y permitió desbaratar el plan narco. La investigación sobre Airaldi se extiende desde hace varios años y lo compromete no solo con la justicia de Entre Ríos sino también con la de Rosario, donde enfrenta otro expediente de mayor gravedad que el que se tramita en Paraná. Según trascendió, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sigue de cerca el tema que conmociona a Entre Ríos y al país, habiéndose comunicado con Ríos y Candioti y manteniendo contacto permanente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad del magistrado y el fiscal.