Una investigación por estafas digitales a gran escala derivó en un operativo con múltiples allanamientos en San Rafael, donde la Policía de Mendoza logró avanzar sobre una organización acusada de haber perjudicado a cientos de personas en distintos puntos del país. El caso combina fraude con tarjetas, uso de identidades ajenas y movimientos de dinero a través de criptomonedas. El despliegue se realizó en el distrito de Cañada Seca y permitió detener a cuatro sospechosos, además de secuestrar armas, equipos tecnológicos y activos virtuales.

La causa, que tiene alcance nacional, está centrada en una estructura que operaba de manera coordinada y con distintos roles definidos. “Desbaratamos una banda en San Rafael que estafó a más de 800 personas en todo el país utilizando datos de tarjetas de crédito y cuentas mulas para mover dinero en criptomonedas”, afirmó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. El procedimiento fue llevado adelante por la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones junto a la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, en el marco de una causa por defraudación con tarjetas en concurso con asociación ilícita. “Simulaban páginas oficiales para que las víctimas cargaran sus datos y después poder usarlos”, explicó la funcionaria, y agregó: “No son hechos aislados. Son redes que se organizan, se profesionalizan y buscan perjudicar a los vecinos desde cualquier lugar, incluso detrás de una pantalla”.

Causa bajo investigación: detenidos y secuestros Durante los procedimientos fueron aprehendidos cuatro hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En los domicilios allanados, los efectivos secuestraron armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 22 y escopetas, además de cartuchos. También se incautaron computadoras, CPUs, una MacBook, teléfonos celulares, pendrives y dispositivos de almacenamiento utilizados para la operatoria investigada.

Además, se logró el secuestro de criptomonedas (USDT), que fueron transferidas a una cuenta del Ministerio Público Fiscal como parte del aseguramiento de activos vinculados a la causa. “Este es resultado de meses de investigación de la Policía de Mendoza, a través de la División de Delitos Económicos, junto a la Fiscalía a cargo de Gabriela García Cobos, que permitió reconstruir cómo operaba la red, identificar a sus integrantes y avanzar sobre cada uno de ellos”, sostuvo Rus. La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas detenciones en una red que operaba con estructura organizada y proyección en distintos puntos del país. “En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, concluyó la ministra.