La Fiscalía General de Río Negro oficializó la designación del fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, para conducir la investigación penal sobre la desaparición de 120 armas de fuego que se encontraban bajo resguardo del Poder Judicial. La medida busca delegar la tarea que tenían los funcionarios de la Segunda Circunscripción para asegurar la objetividad en la causa. El funcionario ya eligió a su equipo de fiscales. El faltante, que fue detectado inicialmente en los depósitos de los tribunales de General Roca, escaló tras confirmarse sustracciones similares en dependencias de Villa Regina y en una oficina de la propia fiscalía roquense. Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público Fiscal determinó que un equipo de otra jurisdicción tome las riendas del legajo de la fiscalía. Una investigación para evitar «suspicacias»: Márquez Gauna asume con equipo confirmado La resolución, firmada por el fiscal general Fabricio Brogna, fundamenta el desplazamiento de los fiscales locales, Gastón Britos Rubiolo y Teresa Giuffrida, señalando que la complejidad y la trascendencia pública del caso exigen neutralidad. Según el documento, se estima conveniente la intervención de Márquez Gauna «con la finalidad de evitar cualquier tipo de suspicacias en relación al trámite» de la investigación. El nuevo equipo de trabajo estará integrado también por la fiscal del caso Rocío Guiñazú, la fiscal adjunta Vanesa Giardina y la jefa de despacho Romina Nuñez. Este grupo deberá esclarecer cómo desaparecieron las unidades, de las cuales 106 pertenecían al depósito del subsuelo del edificio de la sede judicial de Roca. El origen del escándalo y el rastro de las armas La irregularidad salió a la luz en marzo de este año, cuando un arma que debía estar en custodia judicial fue secuestrada por la policía durante un operativo de rutina en las calles de Roca. Tras una auditoría interna, se constató que la falla en el resguardo era sistémica: a las armas de Roca se sumaron ocho sustraídas en Villa Regina en diciembre de 2025 y otras cinco que desaparecieron de un armario de la fiscalía. Desde el Poder Judicial se admitió la “inconsistencia en el resguardo” y se avanzó con sumarios administrativos contra tres personas, incluyendo a un empleado y dos funcionarios de la Oficina Judicial. Responsabilidades en la mira Mientras Márquez Gauna avanzará en el plano penal, la Auditoría interna del Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantiene bajo la lupa a quienes poseían las llaves del depósito de secuestros. En principio, la investigación apunta a determinar las responsabilidades jerárquicas y funcionales que permitieron el retiro de armamento en tres sectores diferentes sin que se activaran las alarmas institucionales de forma temprana. La Fiscalía General de Río Negro oficializó la designación del fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, para conducir la investigación penal sobre la desaparición de 120 armas de fuego que se encontraban bajo resguardo del Poder Judicial. La medida busca delegar la tarea que tenían los funcionarios de la Segunda Circunscripción para asegurar la objetividad en la causa. El funcionario ya eligió a su equipo de fiscales.