La dirigente del PRO María Belén Castillo presentó una denuncia penal contra el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, por presunto abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público, en el marco de la disputa por la banca suspendida de Janina Ortiz. La presentación judicial fue realizada este lunes ante el Ministerio Público Fiscal bajo el expediente D-61258/26. Allí, Castillo sostuvo que la Cámara mantiene “funcionalmente vacía” una banca correspondiente a la Primera Sección Electoral desde la suspensión de Ortiz, dispuesta en marzo de 2024.

Desde el lado del presidente de la Cámara Baja remarcaron que la presentación judicial de Castillo "no tiene ningún sustento" y que la suspensión de Janina Ortiz fue "mediante resolución del cuerpo". La denuncia contra Lombardi Según la denunciante, la falta de una resolución sobre la situación institucional de la banca "genera una afectación al derecho de representación política de los ciudadanos" y altera la integración efectiva del cuerpo legislativo provincial. En el escrito, Castillo afirmó que realizó previamente reclamos institucionales para que se avanzara con el corrimiento de lista y la cobertura efectiva de la banca, pero sostuvo que las autoridades legislativas “habrían omitido arbitrariamente adoptar una resolución útil, expresa y ajustada a derecho”.

La dirigente argumentó además que la permanencia de una banca “sin ejercicio material y efectivo de representación popular” resulta incompatible con los principios republicanos y representativos establecidos en la Constitución Nacional y la Constitución de Mendoza. La denuncia penal sostiene también que la eventual “negativa, omisión o retardo injustificado” en resolver la situación podría constituir un apartamiento arbitrario de los deberes funcionales de las autoridades legislativas, particularmente en lo referido a garantizar la integración regular y el funcionamiento efectivo de la Cámara. La respuesta de Lombardi Tras conocerse la denuncia, Lombardi afirmó que todas las actuaciones impulsadas desde la Presidencia de la Cámara se realizaron en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el pleno legislativo.

El titular de Diputados indicó que la suspensión de Ortiz fue aprobada hace más de dos años con el respaldo de más de los dos tercios de la Cámara, en función de las investigaciones judiciales que enfrenta la legisladora. “La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”, sostuvo. Además, explicó que la medida no implicó una expulsión definitiva sino una suspensión atada al avance de las causas judiciales y a la situación procesal de la diputada. “Esa suspensión está atada al avance de su proceso judicial y a sus posiciones.

Si deja de chicanear a la Justicia y demuestra su inocencia, podría retornar a su banca; de lo contrario, seguirá suspendida”, expresó Lombardi. En ese marco, remarcó que la banca no puede considerarse vacante mientras continúe vigente la suspensión resuelta por la Cámara, ya que la titularidad sigue sujeta al desenlace judicial de las causas. El antecedente del reclamo político El planteo judicial se produce luego de que Castillo presentara a mediados de marzo una nota formal ante la Cámara de Diputados solicitando una definición urgente sobre la situación de la banca de Ortiz.

En aquella presentación, pidió que se evaluara el mecanismo de sustitución previsto en la Ley 2551 y sostuvo que existía una “vacancia de hecho” debido a la prolongación de la suspensión. Castillo quedó posicionada como eventual reemplazante tras el fallecimiento del dirigente del Partido Libertario, José Caviglia, quien la precedía en la lista electoral. En ese momento, el planteo generó sorpresa dentro del oficialismo provincial.

Según pudo saber este medio, desde sectores de Cambia Mendoza sostuvieron que la banca “no está disponible” mientras continúe vigente la suspensión de Ortiz, ya que la medida fue adoptada hasta que exista una resolución judicial. Ese es el eje de la discusión institucional: mientras el PRO interpreta que la falta de ejercicio efectivo configura una vacancia que debe ser cubierta, desde el oficialismo sostienen que la titularidad de la banca continúa vigente aunque la diputada permanezca suspendida. Las causas contra Janina Ortiz El conflicto vuelve a poner en el centro de la escena la situación judicial de Ortiz, quien es investigada en dos causas vinculadas a su paso por la Municipalidad de Las Heras durante la gestión de Daniel Orozco.

En una de ellas está imputada por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa, en una investigación que analiza presuntas irregularidades en contrataciones de cooperativas para tareas de limpieza. La otra causa es por “coacciones agravadas”. Allí se investiga si Ortiz habría presionado a una empleada municipal para obtener grabaciones de un funcionario.

Ambos expedientes judiciales todavía no tienen fecha de audiencia y fueron el fundamento de la suspensión dispuesta por la Cámara de Diputados, medida que continúa vigente sin un plazo determinado.