Abuelas de Plaza de Mayo denunció “el ahogo presupuestario al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su consecuente peligro de parálisis, si el Gobierno no otorga la ampliación del crédito presupuestario, necesaria para continuar con su normal funcionamiento”. Es un organismo clave para la identificación de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura y una herramienta fundamental para la protección del derecho a la identidad. Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, dictó el jueves una medida cautelar contra el Estado nacional: el magistrado dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adopte “de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el funcionamiento del organismo.

El juez incluyó en su medida de protección al Archivo Nacional de Datos Genéticos, la cadena de custodia de las muestras y las condiciones de seguridad e higiene del organismo. Y también requirió informes al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, para conocer la eventual responsabilidad del Poder Ejecutivo por la posible afectación al adecuado servicio de justicia. Para Ramos Padilla, el BNDG es una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos”.

Argumento, en ese sentido, que la ley 26.548 exige asegurar que sus tareas se desarrollen con normalidad, evitando suspensiones y demoras. Además de la denuncia pública de Abuelas, también la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), dirigida por el fiscal Pablo Parenti, había alertado sobre la situación operativa del BNDG. La directora del organismo, Mariana Herrera Piñero, informó a la justicia que la entidad enfrenta una situación crítica de operatividad por falta de presupuesto y de designaciones en cargos claves y dificultades para sostener servicios indispensables para la conservación del material genético y el funcionamiento de los laboratorios.

Cualquier interrupción en las condiciones de conservación, refrigeración, climatización, bioseguridad o monitoreo ambiental constituye un riesgo para la preservación de la evidencia genética. El presupuesto de este año representa apenas el 55,96% del monto solicitado por el BNDG. “El desfinanciamiento podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de estos años de ampliación del derecho a la identidad”, alertó Abuelas en un comunicado. El BNDG cuenta con más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijas e hijos, arrebatados durante la dictadura.

También de hombres y mujeres que dudan de su origen y familiares que buscan a sus niños y niñas desaparecidos. Son alrededor de 32.000 muestras ingresadas, mayormente relacionadas con delitos de lesa humanidad e identificación de personas desaparecidas. “Una falla en su cadena de seguridad generaría un daño irreversible”, indicaron en el comunicado. Por eso, el BNDG es un organismo reconocido a nivel mundial y es modelo para la creación de otros bancos similares en el mundo.

No es el primer ataque que soporta desde la asunción de La Libertad Avanza. “Primero con la Ley Bases, que logramos revertir en el Congreso para evitar que fuera modificado o disuelto. Luego con el Decreto N° 351/2025, que intentaba su intervención. Nuevamente logramos revertir el ataque y se ordenó al Poder Ejecutivo restituir la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas, algo que aún no ha ocurrido en su totalidad.

Salvadas estas medidas, hoy pareciera que se busca su parálisis con el ahogo presupuestario”, alertaron desde Abuelas.