Una denuncia judicial puso bajo la lupa las declaraciones de Patricia Bullrich Alejandra Monteoliva.jpg sobre la supuesta expulsión de 30.000 “terroristas” extranjeros durante 2025 y 2026. La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien pidió investigar a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a su antecesora, Patricia Bullrich, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de cualquier otra figura que pueda surgir de la investigación. El planteo se originó en las declaraciones que Milei realizó el 27 de septiembre en LN+, donde aseguró que el Gobierno había expulsado “10 mil terroristas el año pasado” y que durante 2026 ya llevaba otros “20 mil”.

El Presidente también afirmó que se trataba de personas que “se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Carreras sostiene que esas afirmaciones requieren ser esclarecidas porque, según los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones que cita en su denuncia, las cifras no coincidirían con los números mencionados por el jefe de Estado. De acuerdo con la presentación, durante 2025 se registraron 772 expulsiones por distintos delitos, sin que aparezcan identificadas causas vinculadas al terrorismo.

Para 2026, con datos parciales, menciona 744 expulsiones y unos 18.947 incidentes de entrada o rechazos, ninguno de ellos catalogado oficialmente como terrorismo. Ante esa diferencia, la denunciante plantea una serie de interrogantes: “Cómo se determinó que esas personas eran terroristas” y si existió “un registro o tipificación formal” que permitiera identificarlas como tales. También reclama determinar “si las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron o permitieron que se difundiera información falsa o exagerada sobre una amenaza superlativa de seguridad nacional”.

La presentación pone además el foco en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y en las previsiones de la Ley de Migraciones para establecer si los expulsados efectivamente estaban vinculados con actividades terroristas. Medidas solicitadas La abogada solicitó que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones el detalle de todas las expulsiones y rechazos de 2025 y 2026, discriminados por causal, y específicamente aquellos relacionados con terrorismo y delitos conexos. También pidió conocer cuántas de las personas expulsadas o rechazadas figuraban en el RePET, sus nacionalidades, las fechas de las medidas y las resoluciones administrativas correspondientes.

Al Ministerio de Seguridad le reclama, entre otras cosas, “todos los informes, memorandos o comunicaciones internas sobre ‘terroristas deportados’ o amenazas de infiltración para ‘dinamitar el modelo argentino’”, además de la documentación que haya servido de sustento a las declaraciones de Milei. La denuncia también solicita información a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al fuero federal para determinar cuántas denuncias, imputaciones, procesamientos y condenas existieron contra extranjeros por terrorismo, financiamiento del terrorismo o delitos conexos durante 2025 y 2026. En el tramo final, Carreras plantea tres escenarios posibles frente a la diferencia entre las cifras: que sean incorrectos los datos oficiales, que sea incorrecta la información difundida por el Presidente o que las cifras de 30.000 sean verdaderas.

Sobre esta última posibilidad, advierte: “En ese caso, estaríamos ante el reconocimiento público de que en menos de dos años ingresaron y debieron ser expulsados 30.000 terroristas, lo que demostraría la inexistencia de una política de Estado efectiva para prevenir, detectar y contener el crecimiento de esta amenaza”. Por eso, concluye que, cualquiera sea la explicación, “la situación resulta inadmisible y exige una investigación seria y urgente”. La denunciante pidió finalmente que se investigue “la gravedad institucional de la afirmación pública de la existencia de 30.000 terroristas en el país” y que se determine si se trató de “un error, una exageración o una ocultación de información de seguridad nacional”.