Un ataque con drones cargados con explosivos se habría desencadenado en el corregimiento de Versalles, la región de Tibú, Norte de Santander, durante la madrugada del sábado, 3 de octubre de 2026. De acuerdo con la información publicada en redes sociales por Olguin Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y consejero de la Federación de Víctimas de Colombia (Fevcol), el hecho dejó heridos a tres adultos y una estudiante adolescente de 14 años. PUBLICIDAD La denuncia también señaló que la población civil debió evacuar sus viviendas y ubicarse en las calles “para que estos artefactos los identifiquen como civiles”.

Según la versión que Mayorga suministró a Infobae Colombia, los heridos, incluida la menor de 14 años, se encuentran en el Hospital de Tibú, recibiendo atención médica. El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas también se refirió a la atribución del ataque. Según su concepto, el ataque habría sido propiciado por el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Esta versión coincidió con la información suministrada por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que reportó que en el ataque “un grupo armado aún no identificado lanzó explosivos contra la población civil”. PUBLICIDAD “Los artefactos dañaron viviendas y una farmacia, y sembraron miedo y zozobra entre los habitantes. Tibú es uno de los municipios más afectados por esta modalidad, usada contra la fuerza pública y las comunidades”, fue el reporte de la entidad.

Richar Claro, alcalde de Tibú, se pronunció en su perfil de X para condenar los hechos y solidarizarse con las víctimas del ataque: “Rechazo total al ataque con drones registrado en la vereda Versalles, zona rural de Tibú. (...) Mi solidaridad con las familias de Versalles que salieron a las calles a pedirle cese a la violencia. Su valentía nos duele y nos obliga a actuar. No están solos”.

PUBLICIDAD “Hago un llamado a respetar la vida de la población civil. Ninguna comunidad debe vivir con miedo a lo que cae del cielo. Los niños, los estudiantes, los trabajadores y las familias no son objetivo de guerra.

A las autoridades competentes les pido acciones inmediatas que nos permitan espacios de diálogo, seguridad y paz para Tibú”, escribió en la red social. De la misma manera, Tatiana Gaona, representante a la Cámara de la región del Catatumbo, afirmó que el atentado contra la población civil “es una muestra más de una violencia que no podemos normalizar. Un ataque con drones afectó a familias y comerciantes.

Mi solidaridad con los heridos y afectados. Hago un llamado a un alto el fuego: el Catatumbo merece vivir en paz”. PUBLICIDAD A su vez, en sus redes sociales, Olguin Mayorga no solo lamentó el ataque, sino que solicitó al Gobierno nacional, particularmente al presidente Abelardo de la Espriella, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf); al ministro de Defensa, Jorge Mora, y a D’Mar Córdoba Salamanca, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que no dejen “solos” a los habitantes de la región de Tibú, “luchando contra estos terroristas en el Catatumbo”.

Iris Marín, defensora del Pueblo, alertó por uso de drones contra la población civil en el Catatumbo El viernes 2 de octubre de 2026, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió en una rueda de prensa sobre el aumento del uso de drones por parte de grupos armados ilegales y sus efectos sobre la población civil, en especial por el temor que generan en zonas afectadas por el conflicto. PUBLICIDAD “Es una forma, entre comillas, fácil o cómoda para los grupos armados, porque sin exponer directamente a las personas, envían explosivos, hacen vigilancia, hacen control”, sostuvo, citada por El Tiempo. Marín incluyó en su pronunciamiento el relato de una víctima que le contó que “un dron con explosivos lo estuvo persiguiendo por veinte minutos antes de un ataque a la población”.

También señaló que en el Catatumbo documentaron la “zozobra tan permanente” que estos dispositivos provocan entre los habitantes. “Es una angustia y un problema ya de salud mental para las poblaciones que cada vez que escuchan el zumbido temen”, afirmó. Según explicó, ese riesgo restringe la movilidad de los civiles, que evitan salir por temor a que el artefacto caiga en cualquier momento. PUBLICIDAD Marín pidió a la fuerza pública avanzar en tecnología para disuadir el uso de drones, aunque responsabilizó a los grupos armados ilegales por esa práctica. “El llamado y la exigencia es a los grupos armados ilegales a dejar de lado esta práctica”, concluyó.

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