El abogado Javier Garín presentó este miércoles una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ante el Juzgado Federal N° 1 de la Dra. María Romilda Servini, con intervención del fiscal Carlos Rívolo por el presunto uso sistemático de recursos públicos para financiar viajes personales y partidistas al exterior, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La presentación judicial sostiene que buena parte de los traslados realizados por el mandatario desde el inicio de su gestión tuvieron fines “personales, partidarios e ideológicos”, y no actividades vinculadas directamente con la representación oficial del Estado argentino. Según el escrito, Milei habría utilizado de manera “sistemática y reiterada” bienes y fondos públicos para participar de eventos políticos, conferencias privadas, foros ideológicos y actividades ligadas a sectores de ultraderecha internacional.

La denuncia menciona específicamente participaciones en encuentros organizados por Vox en España, visitar el Instituto Milken, la CPAC en Estados Unidos y reuniones con referentes conservadores europeos. La denuncia sostiene que una parte importante de los 77 viajes realizados por Javier Milei desde el inicio de su gestión —período en el que acumuló 196 días fuera de la Casa Rosada entre diciembre de 2023 y marzo de 2026— habría estado vinculada a actividades privadas o partidarias, como la participación en foros de ultraderecha, conferencias ideológicas y la recepción de premios personales, financiadas con recursos del Estado. Garín argumentó que existe una “confusión inaceptable entre los intereses personales del Presidente y los del Estado” y cuestionó el uso de fondos públicos en medio de recortes presupuestarios. "No se puede utilizar el dinero de los argentinos para hacer campaña a favor de figuras como Viktor Orbán o asistir a convenciones ideológicas.

Esto viola la Ley de Ética Pública. Mientras se recortan medicamentos a jubilados y recursos a hospitales, el Gobierno desvía fondos para beneficio propio e incluso prevé duplicar el presupuesto de viajes para este año", afirmó el letrado. El escrito judicial señala además que el Presidente visitó 17 países y que Estados Unidos fue el principal destino de sus viajes internacionales.

Según la denuncia, varios de esos desplazamientos no incluyeron reuniones bilaterales oficiales ni actividades institucionales vinculadas al Estado argentino. Otro de los puntos mencionados es el aumento del presupuesto (se incrementó un 62,5% para este año) destinado a viáticos y viajes de la Secretaría General de la Presidencia, el área que conduce Karina Milei. La presentación sostiene que para 2026 se proyectó un gasto de más de $4.100 millones para ese rubro, frente a los $2.531 millones ejecutados el año anterior.

El texto también menciona el uso de vuelos privados y el costo de algunas giras presidenciales. Entre ellas, destaca un viaje realizado a Idaho, en Estados Unidos, para participar de la conferencia anual de Sun Valley, cuyo traslado aéreo habría costado unos 376.000 dólares, según datos periodísticos incorporados a la denuncia. En la presentación, el abogado sostiene que todo viaje que no responda a funciones oficiales debe considerarse de carácter privado y que, en esos casos, el uso de recursos del Estado —incluidos aviones presidenciales y gastos de comitiva— podría encuadrar en delitos como malversación de fondos públicos y peculado.

Como parte de las medidas de prueba, pidió informes detallados sobre todos los viajes realizados por Milei y su comitiva, los gastos asociados y la integración de cada delegación, además de citar a periodistas y representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analizaron datos presupuestarios vinculados a esos traslados. Garín, reconocido abogado penalista y especialista en Derechos Humanos que ya presentó otras denuncias contra el Gobierno, sostuvo que el caso “excede una discusión política” y denunció un presunto “sistemático desvío de fondos públicos para fines particulares”. En la presentación judicial, además, advirtió sobre una “confusión inaceptable entre los intereses personales del Presidente y los del Estado”.

GD