Habitualmente, esta columna intenta desentrañar dimes y diretes de la política local, estrategias y ambiciones, defecciones y desencantos de una dirigencia muchas veces más preocupada por su futuro laboral que por las transformaciones que Mendoza requiere para su desarrollo en el contexto de un país que no suele dar respiro. Por el contrario, vaivenes económicos, desafíos institucionales y cambios sociales agigantan las necesidades y desinflan las expectativas de los que a diario se cansan de nadar sólo para sostenerse a flote. Y también hay que decirlo, de los que debemos interpretar lo que pasa, contextualizar y dar nuestra opinión.

Con excepciones, la política suele perder su razón de ser en aquel ideal de ocuparse de los asuntos comunes y procurar el bienestar general de una sociedad. La corrupción además del daño moral, alienta la indiferencia; mientras, la confrontación salvaje se volvió una metodología sistemática de toda oposición. En ese contexto, esta semana se cumplieron 50 años de la última interrupción democrática, una dictadura que con su accionar atroz no sólo entronizó hasta 1983 el terrorismo de Estado en Argentina con el luctuoso saldo de desapariciones forzadas, torturas, detenciones clandestinas, muertes impunes y robo de bebés que configuran la peor y más patética página en la historia nacional.

Queda claro que sólo la democracia puede sanar una tragedia que -como quedó plasmada en estos días- no ha sido superada con el paso del tiempo, ni con el accionar aún incompleto de la Justicia. Tal vez como ejemplo sirvan dos hechos destacados capaces de corporizar la profundidad de la herida, pero también lo visible de su cicatriz. Hebe, inoportuna A nadie sorprende los posicionamientos públicos de Hebe Casado, habitual polemista en redes sociales como en sus intervenciones mediáticas, pero en ocasión del 24 de marzo la vicegobernadora logró visibilidad nacional al responder declaraciones de Estela Carlotto que había dicho: “Queremos un país como soñaron nuestros hijos, los 30 mil desaparecidos”.

La réplica fue tajante: “No queremos ese país y no fueron 30 mil”, aseguró trayendo a colación un debate inconducente, pero de altísimo contenido simbólico, como es la cifra exacta de las víctimas de la dictadura. Además de involucrar en la grieta actual un debate histórico, con la extrema sensibilidad que ello produce, la vice de un gobierno radical que reivindica el juicio a las Juntas Militares que impulsó Raúl Alfonsín, la actuación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) cuyos testimonios allí recogidos permitieron condenar a los jerarcas de la dictadura y el contundente significado del “Nunca Más”, su actitud no sólo aparece como una provocación inoportuna, sino también innecesaria. Casado es partidaria de la visión mileísta, reforzada en esta ocasión sobre la “verdad completa”, que intenta poner en pie de igualdad el accionar de los grupos subversivos (responsables de la violencia armada en los ‘70 con secuestros, muertes y extorsiones) con la perversamente planificada reconversión de un Estado que dejó de ser garante de la ley para transformarse en el brazo ejecutor de las peores atrocidades, sin mediar juicio alguno.

Su posicionamiento personal, rayano al negacionismo, no deja de ser político (y por su rol se transforma en institucional, con la gravedad que ello reviste), es también un síntoma de cómo la ceguera ideológica puede nublar conciencias, incluso de hombres y mujeres públicos, formados en democracia y representantes del poder popular. Miriam, imprevisible El otro caso mendocino que dejó el aniversario del golpe es el de Miriam Fernández, una mujer de 50 años, hija de desaparecidos, nieta recuperada número 127 y que sin embargo dio una batalla legal para seguir portando el apellido de su apropiador, el comisario Armando Fernández, tres veces condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, una de ellas -justamente- por la adopción ilegal de quien ahora desconoce y cuestiona a sus padres biológicos (militantes montoneros) y prefiere caminar por el lado de la historia de los que violaron la ley. Miriam, con su tremendo pasado a cuestas, develado en 2017 a instancias de una denuncia judicial, fue una de las protagonistas del video oficial con el que el Gobierno nacional buscó mostrar “el otro lado” de una historia todavía dolorosa y abierta, presentándola como una de “las víctimas que quisieron esconder”.

Allí no sólo ratificó la idea de exponer la “Justicia y la memoria completa” que impulsa Javier Milei sino que evitó caracterizar como “apropiadores” a la familia que la crió. Su caso expone de manera brutal que frente a tal alteración de las circunstancias familiares lógicas, mediadas por el horror y las explicaciones muchas veces sin sentido, hay quienes eligen ir contra la corriente, casi como la única salida existencial posible ante tal grado de impensada excepcionalidad. Otro capítulo de una novela trágica que no sólo supo regodearse en el espanto, sino que -en algunos casos- lo consiente.

¿Sus consecuencias?, las víctimas de entonces y las que todavía hoy siguen dando su parecer pueden ser tan imprevisibles como el instinto humano ante la desesperación. Queda la democracia Lejos de pretender reacciones uniformes, ni relatos unificados, a medio siglo de la dictadura, el dolor sigue vigente y abundan las múltiples interpretaciones, en especial de aquellos que la vivieron en carne propia. Pero también, cabe preguntarse si en este tiempo acaso la sociedad cambió de parecer.

Lo que en algún momento aparentó ser un consenso democrático indestructible alrededor de los Derechos Humanos hoy está sometido a tristes cuestionamientos de coyuntura. Por fortuna todavía tenemos la ley, tenemos la democracia, que imperfecta se defiende, ya que supone -siempre- el mejor antídoto contra los densos fantasmas del pasado. * El autor es periodista y profesor universitario.