"Esta comisión pudo haber durado cinco minutos: sólo existe porque pensaban que llegaban a dictaminar, pero al final no les dio", sintetizó una legisladora opositora a este medio sobre lo que el Gobierno pretendía que sea el último plenario en Diputados del proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional". Desde La Libertad Avanza coincidieron: "Vamos a tenerla que cambiar porque sino no llegamos a sacarla". Esa confesión se evidencia con la exclusión del tema en la convocatoria a sesión oficialista, para el 21 de octubre.

Aún así, el Gobierno conserva el optimismo para conseguir el dictamen este mismo mes y, según conoció Ámbito, al respaldo del PRO se le sumaría el de la UCR. "Yo creo que van a cambiar la ley porque nos necesitan", señalaron desde otro de los bloques dialoguistas que pidió reformas a la redacción original. Hasta ahora, La Libertad Avanza sólo admitió dos: la conformación de una Comisión Bicameral parlamentaria y la remoción de la referencia a la "manipulación de la opinión pública". La oposición lo considera insuficiente mientras que el MID, representado por el bonaerense Eduardo Falcone, pide instancias de aprobación parlamentaria para la acción bélica.

El peronismo insistió con tener un debate exclusivamente sobre el primer capítulo de la ley, que representa 40 de los 133 artículos del proyecto. A su intención de fragmentar la ley se plegó la cordobesa Alejandro Torres (Provincias Unidas). La bonaerense Mónica Frade (Coalición Cívica) también manifestó su rechazo y apuntó contra la organización del plenario, al afirmar que las invitaciones al plenario informativo se giraron a última hora de la noche del martes, cuando el oficialismo reconoció que no llegaba al dictamen. "Es un mamarracho todo esto", le dijo minutos después una diputada de otro bloque.

Es por eso que el único invitado que pudo asistir fue Marcelo de los Reyes, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), quien consideró que "no es necesaria una nueva ley que, bajo el pretexto de la defensa de la soberanía nacional, parece esconder otros objetivos". A través de un documento, desde el CELS señalaron que "la definición de las amenazas a la seguridad nacional es laxa con graves problemas de legalidad" y que el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) es "un ejemplo de castigo administrativo arbitrario que pretende ampliarse". Respuesta británica En las últimas 48 horas, el gobierno del Reino Unido estableció una serie de medidas para confrontar con el avance diplomático que la Argentina realiza en su reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas.

Las gestiones se intensificaron luego de que se eleve la demanda nacional al Tribunal del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Ante ello, la gestión británica envió una carta a la sede de Interpol argumentando que las solicitudes de "notificación roja" presentadas por la Argentina "deben considerarse motivadas por razones políticas". Por otro lado, la organización internacional le respondió al gobierno de Reino Unido afirmando que "respetaría el artículo 3 de sus estatutos, el cual prohíbe al organismo llevar a cabo intervenciones o actividades de carácter político".

Además, este miércoles el secretario de Estado de Empresa y Comercio británico, Jonathan Reynolds, y el canciller Ed Miliband confirmaron que el Reino Unido impulsará en simultáneo el tratamiento de leyes que blinden legalmente las actividades hidrocarburíferas en el territorio de las islas, desconociendo la legislación argentina, inhabilitando embargos e incluso a demandar al Estado nacional para recuperar cualquier costo económico o financiero que sea consecuencia de una medida de nuestra gestión.