Declaró ser jardinero y monotributista, pero estuvo detrás de movimientos bancarios millonarios y vivía en un country Estaba inscripto en el monotributo y ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) declaró ingresos como jardinero. Pero Maximiliano R. estaba, en realidad, detrás de una “terminal financiera” clandestina dedicada a “la captación de recursos de terceros y su posterior colocación en operaciones de compraventa de moneda extranjera, préstamos de efectivo y servicios de intercambio de criptoactivos”. Ahora está preso imputado por el delito de lavado de activos.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y de la Policía Federal Argentina (PFA). Maximiliano R. no es el único detenido en la causa en trámite en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Luis Armella. También quedaron tras las rejas Rodrigo R., hijo del jardinero, y un contador público.

De la investigación participa la fiscal federal Cecilia Incardona. “Se les imputa a Maximiliano R. y Rodrigo R. haber realizado, por cuenta propia y de manera habitual, actividades de intermediación financiera no autorizada y de oferta pública de valores negociables sin autorización, al menos desde junio de 2020 hasta el 18 de mayo de 2026. Esta operatoria consistió en la captación de recursos financieros de terceros y su posterior colocación en operaciones de compraventa de moneda extranjera, préstamos de efectivo y servicios de intercambio de criptoactivos”, según se desprende del expediente judicial. Padre e hijo fueron detenidos hace poco más de dos semanas por detectives de la División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA en una casa del barrio privado Don Joaquín, en Canning, en el partido de Ezeiza, donde vivían.

Según informaron a LA NACION fuentes del caso, la investigación que empujó al jardinero y a su hijo a una celda comenzó por una denuncia de la ARCA al detectar "movimientos bancarios millonarios que no guardaban relación con la actividad declarada“. Desde 2021 y hasta el 18 de mayo pasado, día en que se concretaron las detenciones, Maximiliano R. y su hijo “pusieron en marcha un esquema de lavado de activos destinado a reciclar el provecho obtenido de la actividad delictiva. Mediante la mezcla de fondos y la utilización de estructuras societarias, Maximiliano R. adquirió y administró bienes con la consecuencia posible de que estos adquirieran apariencia legal”, según el expediente judicial.

Fuentes de la investigación dijeron que en 2024 los sospechosos tuvieron movimientos bancarios por 308 millones de pesos “sin poder justificar por la actividad lícita declarada: jardinería y mantenimiento”. Por orden del juez Armella, y tras un pedido de la fiscal Incardona, detectives de la PFA hicieron procedimientos en la ciudad de Buenos Aires, Canning, San Vicente y Monte Grande, donde secuestraron 11.281.830 pesos, 51.039 dólares, 1140 euros, 17 teléfonos celulares, una notebook, dos autos, un cuatriciclo, dos máquinas contadoras de billetes, un DVR, un arma de fuego y “abundante documentación contable, fiscal y societaria” de interés para la investigación. Un dato que no pasaron por alto los investigadores es que en 2021 el “jardinero” habría emitido una factura a nombre de empresas relacionadas con dos hermanos brasileños vinculados al Comando Vermelho, la gigantesca organización criminal carioca.

En la Argentina esos hermanos fueron investigados por lavado de activos, causa que terminó con multas por $2460 millones y penas de prisión en suspenso. En la actualidad, en los registros oficiales, Maximiliano R., de 47 años, figuraba como dedicado a prestar servicios para prácticas deportivas y, como actividad secundaria, al asesoramiento, dirección y gestión empresarial. “A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal especializado, consistentes en análisis patrimoniales, seguimientos y vigilancias, se logró identificar una estructura económica presuntamente destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas con activos digitales, mediante la utilización de sociedades y personas interpuestas para otorgar apariencia de licitud a fondos de origen presuntamente ilícito", resumió un jefe policial que participó de la pesquisa.