La Justicia toma esta semana una serie de testimoniales que pueden marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Hoy, poco antes de las 9, dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles del funcionario se presentaron en los tribunales de Comodoro Py y explicaron de dónde salió la plata que utilizaron para realizar el préstamo. Las dos policías, madre e hija, se retiraron del edificio luego de más de dos horas ante el fiscal y lo hicieron sin declaraciones a la prensa.

Sin embargo, durante la exposición, las implicadas explicaron lo de los US$100 mil dólares prestados en 2024: dijeron que le llevaron ese monto para Adorni a la escribanía de Adriana Nechevenko en efectivo. Además, señalaron que por trámites comúnes conocían la escribana, pero no al jefe de Gabinete -salvo por su rol en el Gobierno- y que ella fue quien las contactó. A la par, explicaron que el dinero surgió de juicios laborales del marido de la mayor d elas mujeres, diferencias salariales y juicios sucesorios.

A causa de ello, explicaron, hoy Adorni paga en cuotas de más de 900 dolares por mes, lo que deriva en un 11% anual de intereses. En alguna que otra ocasión, insistieron, Adorni pagó dos o tres cuotas juntas. Durante las declaraciones, las mujeres mostraron sus teléfonos y las conversaciones con la escribana.

Además, llevaron los recibos de las cuotas y aclararon que el propio funcionario o alguno de sus colaboradores dejan habitualmente el dinero en la escribanía y ellas lo buscan de allí. El acuerdo entre las mujeres y el jefe de Gabinete, que ya pagó US$30 mil, vence en noviembre de este año y Adorni tiene un pago de US$70 mil por delante. La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada.

Las declaraciones se dieron en un contexto de avance de medidas de prueba, con levantamiento de secreto fiscal y pedidos de información patrimonial. El foco está puesto en la trazabilidad del dinero y en la lógica financiera de los acuerdos. En paralelo, el expediente ya incorporó gastos en dólares, operaciones inmobiliarias y movimientos que la Justicia intenta contrastar con los ingresos declarados por Adorni.

Control sobre el origen de los fondos Las dos mujeres que declararon hoy aparecen como prestamistas de un crédito en dólares otorgado al funcionario. Según consta en la causa, el monto fue de US$100.000 y estuvo respaldado con una hipoteca sobre un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco. La fiscalía analiza si ese préstamo, que habría sido pactado con una tasa de interés y un esquema de pagos, se corresponde con la situación patrimonial de quienes lo otorgaron.

Para eso, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y se requirió información a organismos oficiales. El objetivo es establecer si las acreedoras tenían capacidad económica real para financiar la operación. También se busca determinar si los fondos pueden ser trazados y si existió una relación consistente entre ingresos, patrimonio y el dinero involucrado.

Las dos mujeres debían presentarse con documentación que respaldara sus declaraciones, en una instancia clave para validar o descartar la hipótesis bajo investigación. El miércoles, el turno de las vendedoras del departamento de Caballito La segunda parte de la semana estará enfocada en otras dos testigos. Se trata de las mujeres que vendieron un departamento en Caballito al jefe de Gabinete y que, al mismo tiempo, quedaron como acreedoras de una hipoteca.

Según el expediente, la operación se realizó con un pago inicial de US$30.000 y un saldo de US$200.000 a cancelar en el plazo de un año, sin intereses. Ese esquema es uno de los puntos que generó dudas en la fiscalía. En este caso también se levantó el secreto fiscal y se pidió información detallada sobre su situación económica.

La intención es verificar si estaban en condiciones de otorgar ese tipo de financiamiento. Además, deberán facilitar el acceso al contenido de sus teléfonos celulares. La fiscalía busca relevar mensajes, audios, correos y registros de llamadas vinculados a la operación inmobiliaria.

Una causa que suma pruebas Las testimoniales de esta semana se inscriben en una investigación más amplia que ya incluyó declaraciones de otros actores, pedidos de documentación y análisis de gastos en dólares. Entre los puntos bajo estudio aparecen pagos vinculados a propiedades, viajes y consumos personales. La Justicia intenta reconstruir la evolución patrimonial del funcionario en los últimos años.

También analiza la estructura de financiamiento utilizada en la compra de inmuebles, en particular los acuerdos con hipotecas entre privados y sin condiciones habituales de mercado. El expediente se originó a partir de una denuncia que planteó inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Desde su entorno rechazan las acusaciones y sostienen que la situación patrimonial podrá ser aclarada con la información oficial.