La destitución del presidente interino José Jeri, a apenas cuatro meses de haber asumido el cargo y a solo dos meses de las elecciones generales previstas para abril, vuelve a sacudir el ya frágil tablero político peruano. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Congreso decidió removerlo, convirtiéndolo en el octavo mandatario destituido en una década. Una cifra que, por sí sola, refleja hasta qué punto la excepción se ha vuelto norma en la vida institucional del Perú. Jeri había llegado al Ejecutivo en octubre pasado, tras ejercer la presidencia del Congreso y luego de la destitución de Dina Boluarte. Su mandato interino nacía con fecha de vencimiento, condicionado por el calendario electoral y por la expectativa de garantizar una transición ordenada hasta el 28 de julio, cuando debe asumir el ganador de los comicios. Sin embargo, lo que debía ser un puente institucional terminó erosionado por denuncias de inconducta funcional, falta de idoneidad y presunta corrupción. El detonante fue el llamado “Chifgate”, como lo bautizó la prensa local: reuniones semiclandestinas con empresarios chinos, una de ellas marcada por el intento del mandatario de ingresar sin registro oficial y evitar la exposición pública. Más allá de la eventual responsabilidad judicial que pudiera corresponder, el episodio golpeó de lleno la ya debilitada legitimidad del Gobierno y terminó por vaciar de respaldo político a Jeri en el Parlamento. Lo que ocurre en Perú trasciende nombres propios. Desde las elecciones de 2016, ningún jefe de Estado ha logrado concluir su mandato sin atravesar una crisis de gobernabilidad. El ciclo comenzó con Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018 en medio de acusaciones vinculadas al caso Odebrecht. Desde entonces, la sucesión presidencial por vacancias, renuncias o destituciones se ha convertido en un mecanismo recurrente. Esta dinámica expone un problema estructural. Un sistema político fragmentado, con un Congreso empoderado y dispuesto a utilizar la figura de la vacancia como herramienta de presión, y un Ejecutivo incapaz de construir consensos duraderos. El resultado es una inestabilidad crónica que erosiona la confianza ciudadana y debilita la gobernabilidad. Ahora, el Congreso eligió a José María Balcázar para asumir la jefatura del Estado hasta el traspaso formal del poder en julio. Pero el nuevo mandatario ya aparece con serios cuestionamientos del más variado tipo. La democracia no se fortalece con destituciones en cadena ni con gobiernos transitorios que apenas logran administrar la coyuntura. Perú necesita reconstruir reglas de convivencia política que otorguen previsibilidad y estabilidad. De lo contrario, la presidencia seguirá siendo un cargo efímero y el país continuará atrapado en una espiral de crisis recurrentes.