Las ideas del general José Félix Uriburu, el primer golpista del siglo XX en nuestro país, eran claras: pretendía reformar la Constitución para obturar de esa manera el acceso al poder de las mayorías populares según le había confesado al dirigente “nacionalista” Ibarguren: “Mi plan es hacer una revolución verdadera que cambie muchos aspectos de nuestro régimen institucional, modifique la Constitución y evite se repita el imperio de la demagogia que hoy nos desquicia. No haré un motín en beneficio de los políticos para cambiar hombres en el gobierno, sino un levantamiento trascendental y constructivo con prescindencia de los partidos”. El plan era reemplazar la democracia por un sistema corporativo, muy similar al que había implantado Benito Mussolini en Italia.

El corporativismo niega la representación proporcional partidaria producto de elecciones libres y desconoce la importancia de las mayorías. Cree que el parlamento debe ser ocupado por representantes de las corporaciones: la industria, los sindicatos, el ejército, la Iglesia, el campo, sin importar el número de los representados. En el parlamento corporativo tendrán la misma cantidad de representantes los industriales que pueden ser 3 mil que los trabajadores que pueden ser 5 millones.

Los partidos políticos desaparecen porque impone un partido único. El manifiesto de Uriburu A poco menos de un mes de asumir el poder Uriburu lanza un manifiesto de claro contenido corporativista: “…La democracia dejaría de ser una bella palabra solo cuando los legisladores en vez de representar a los partidos políticos, fueran una representación de obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales…” El general insistió, incluso frente a viejos conocidos como Lisandro de la Torre, que trató de hacerlo entrar en razón diciéndole que para reformar la constitución debía reunirse el Congreso con miembros de los partidos tradicionales que sin dudas rechazarían el proyecto y le adelantó su oposición absoluta. La respuesta del general fue: “Setenta mil legionarios desfilarán por delante del Congreso y le enseñarán lo que debe hacer, y si rechaza la reforma, le demostraré que si hice una revolución de abajo, soy capaz de hacerla de arriba”.

El general justificaba su plan de esta manera “la democracia la definió Aristóteles diciendo que era el gobierno de los más, ejercido por los mejores… Eso es difícil que suceda en un país en que, como el nuestro, hay un 60% de analfabetos… ese 60 % de analfabetos es el que gobierna el país, porque en elecciones legales ellos son una mayoría. Pensad lo que os digo y tened muy presente que esta es la realidad, y si estudiáis la historia de todos los pueblos que han llegado a tener una fisonomía propia en el mundo, veréis que han sido las minorías inteligentes las que han gobernado, las que han llevado a los grandes pueblos a la altura a que llegaron”. La hipocresía del general La insistencia del general presidente tenía que ver con la tradicional desconfianza al pueblo agravada por la hipócrita inversión de la culpa.

El general menciona que el 60% de la población es analfabeta, pero no se hace cargo de que él y su clase, los que manejaron el poder en el país desde siempre son altamente responsables de esa situación inhumana y de marginación. La solución que propone no es lanzar una urgente campaña de alfabetización sino marginarlos. Pero “Von Pepe” no las tenía todas consigo.

El otro sector militar encabezado por el general Agustín P. Justo y gran parte de su gabinete, que expresaba la opinión del poder real de la Argentina, se oponían a su proyecto. Desconfiaban de los resultados de la reforma y sobre todo entendían que el cambio sería rechazado por las potencias occidentales.

El dictador debió retirar su proyecto y llamar a elecciones, fraudulentas, pero esa es otra historia. E.M. Sobre la firma