Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares, luego de casi 12 horas de debate. Minutos después, el presidente Javier Milei difundió un comunicado oficial en el que celebró la sanción del proyecto y agradeció de manera explícita a cinco mandatarios provinciales, a quienes ubicó entre los actores centrales del proceso. “El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma, y expresa un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza)”, señaló el texto de la Oficina del Presidente.

El mensaje oficial sostuvo que la modificación de la norma apunta a “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”. En ese marco, el Gobierno defendió la reforma como un cambio orientado a dar mayor margen de acción a las administraciones provinciales en territorios vinculados con la actividad minera. “Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, expresó el comunicado. La Casa Rosada también sostuvo que el texto original de la ley sancionada en 2010 generaba restricciones excesivas. “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger.

Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución y al dominio originario de las provincias”, afirmó. En otro tramo del documento, el Gobierno vinculó el respaldo de los mandatarios provinciales con un reclamo histórico de las provincias mineras. “Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos”, indicó.

El oficialismo remarcó que el proceso de elaboración de la iniciativa se extendió durante un año y destacó la participación de distintos funcionarios nacionales. Milei también agradeció a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; al secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González; y al secretario de Minería, Luis Lucero. “Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido”, sostuvo la Oficina del Presidente. La reforma de la Ley de Glaciares formó parte de una de las discusiones más extensas de la jornada en Diputados.

El proyecto recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre el posible avance de proyectos extractivos en zonas sensibles. En su mensaje posterior a la votación, el Gobierno también apuntó contra organizaciones ambientalistas. “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”, afirmó el comunicado.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció un régimen de protección para glaciares y ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La norma prohibió actividades extractivas de alto impacto en esas áreas y dispuso la realización de un inventario nacional a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). La reforma aprobada este miércoles modificó ese esquema y habilitó un nuevo marco de evaluaciones provinciales para el uso de esos territorios.