En su objetivo de consolidar el superávit fiscal y reforzar las reservas, el Gobierno de Javier Milei avanza con un ambicioso plan de privatizaciones. La estrategia busca generar ingresos en dólares a partir de la venta o concesión de empresas públicas, en un contexto en el que la acumulación de divisas sigue siendo una de las principales restricciones del programa económico. Sin embargo, hay un dato que introduce un cambio relevante en la discusión: varias de esas compañías lograron mejorar sus resultados en 2025.

Según información del balance anual del Ministerio de Economía sobre los ingresos y gastos de las empresas operadas por el Estado nacional, cuatro de las seis firmas que el Gobierno tiene en carpeta para vender cerraron el año con superávit, lo que plantea dudas sobre el timing de las privatizaciones. En términos generales, el conjunto de las compañías públicas cerró 2025 con un superávit financiero de $903.000 millones. Aun así, el resultado implicó una caída del 19,1% respecto de 2024, cuando el excedente había sido de $1,1 billones.

Otra forma de medirlo es a través del resultado operativo, que excluye el componente financiero de las cuentas. Bajo este criterio, el sector registró un déficit operativo de $1,3 billones. Ese rojo estuvo explicado principalmente por los desequilibrios de Enarsa y la operadora ferroviaria de trenes de pasajeros, con más de $1 billón en cada caso.

En cambio, AySA, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino mostraron superávit operativo bajo esta medición. Las empresas que el Gobierno quiere vender El plan oficial abarca sectores clave como energía, transporte e infraestructura. Entre las principales compañías incluidas aparecen Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y Logística y AySA.

En varios casos, el Gobierno ya inició procesos de licitación o concesión, mientras que en otros avanza con reestructuraciones previas para hacerlas más atractivas al sector privado. Las empresas que pasaron a tener superávit Al analizar la situación empresa por empresa, se observa que buena parte del superávit financiero conjunto está explicado por Enarsa, la compañía encargada de la administración de la infraestructura energética, que cerró el año pasado con un excedente de $324.000 millones. De todos modos, fue un 31,8% menor al registrado en 2024.

Otra empresa sujeta a privatización es AySA. Su resultado operativo fue superavitario en $237.000 millones, aunque registró un déficit financiero de $18.000 millones. La explicación de esa brecha, según la compañía, es que los ingresos por tarifas —que aumentaron en torno al 1% mensual durante 2025— crecieron a un ritmo menor que el gasto en obras.

Por su parte, otra empresa que el Gobierno busca concesionar y que registró déficit financiero en 2025 es Belgrano Cargas. La ferroviaria tuvo un rojo de $41.000 millones, muy por encima de los casi $6.200 millones del año anterior. En contraste, tres compañías públicas cerraron el año con números positivos: Intercargo, Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina.

En los tres casos, durante 2025 el Gobierno inició el proceso formal de venta. Para Corredores Viales, incluso, ya hubo apertura de ofertas en la licitación de algunos tramos de rutas nacionales. Intercargo registró un superávit financiero cercano a los $30.000 millones; Corredores Viales, de $39.600 millones; y Nucleoeléctrica Argentina —que administra las centrales nucleares—, de $90.300 millones.

La lógica oficial: dólares ahora A pesar de la mejora en los números, el Gobierno mantiene firme su hoja de ruta. El objetivo principal sigue siendo obtener dólares en el corto plazo para fortalecer las reservas. En ese marco, las privatizaciones funcionan como una herramienta complementaria a otras fuentes de financiamiento, en un contexto en el que el acceso al crédito internacional continúa limitado.

Además, desde el oficialismo sostienen que el sector privado puede gestionar estos activos de manera más eficiente, reduciendo costos y mejorando la calidad de los servicios. FN