El femicidio de Agostina Vega tiene como principal detenido a Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que pertenecía al vínculo cercano de la adolescente. A partir de la investigación, se supo que el acusado ya había tenido una denuncia por privación ilegítima de la libertad y que la Justicia de Córdoba había ordenado su liberación en mayo de 2025. Se trata de una joven de 20 años, quien dio su testimonio a la prensa sin revelar su identidad.

El escalofriante suceso que tuvo que vivir ocurrió en el domicilio de Barrelier, donde ahora se cree que ocurrió el femicidio de Agostina. El testimonio de la víctima de Claudio Barrelier Según su relato, Barrelier le quitó el celular y la obligó a desnudarse bajo la excusa de que unas personas que traerían dinero debían verla para "confiar" en ella. Luego, armado con una pistola y un cuchillo, utilizó cinta adhesiva para atarla de pies, manos y taparle la boca. "Estaba desesperada y llorando.

Le dije que podría ser su hija", expresó la joven. La joven aseguró que logró huir de la vivienda debido a que sus pies no habían quedado bien sujetos. Salió a la calle semidesnuda, en ropa interior, y fue auxiliada por un grupo de jóvenes que le dieron una prenda para cubrirse. "Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron.

Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", aseveró. Cuáles fueron los argumentos que utilizó la Justicia para liberar a Claudio Barrelier A pesar de la denuncia, la Justicia de Córdoba liberó a Barrelier a los 20 días. Según la resolución judicial firmada por el fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez, el proceso podía continuarse fuera de prisión preventiva.

Como requisito, se le impuso una caución de $10 millones, mediante dos fianzas personales de abogados matriculados. Además, la resolución estableció que debía fijar y mantener un domicilio, presentarse ante todas las citaciones judiciales y permanecer a disposición de la fiscalía mientras avanzara la investigación. Por otro lado, Barrelier debía concurrir a un centro especializado para evaluar su adicción a las drogas.

En caso de que los profesionales consideraran necesario un tratamiento, debía realizarlo y acreditar su cumplimiento ante la Justicia. También le prohibió mantener contacto o comunicarse por cualquier medio con la denunciante de aquella causa, sus familiares y su pareja, además de acercarse a sus domicilios, lugares de trabajo o espacios que frecuentaran.