Cristina Kirchner llevó su caso a la ONU: qué puede pasar La expresidenta formalizó su caso ante ese organismo multinacional, argumentando que se violaron sus derechos fundamentales durante el proceso denominado Causa Vialidad. Las pruebas que presentó. Cristina Fernández de Kirchnner formalizó este martes una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitando que revise la denominada Causa Vialidad, por la cual fue condenada a seis años de prisión que cumple en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

Los abogados de la expresidenta, Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español), presentaron a la entidad multinacional la nueva evidencia que habían dado a conocer públicamente el 15 de septiembre pasado mediante una conferencia de prensa. Ese día, Beraldi explicaba que "encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%". Por lo tanto, "ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez", ya que "sus empresas estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento".

De modo que los letrados afirman en su presentación ante la ONU que se violaron los derechos fundamentales de Cristina Fernández durante el proceso judicial y es por eso que llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos del organismo internacional con el objetivo de que se deje sin efecto la inhabilitación para presentarse a cargos públicos. Como se sabe, la sentencia contra la exmandataria, que incluye su inhabilitación para presentarse a cargos electivos, quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa y ratificó en forma unánime la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N°2. El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y tiene previsto reunirse nuevamente en octubre, cuando podría tratar la apelación de la dos veces Presidenta de la Nación; está compuesto por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscriben.

Vale advertir que sus decisiones no son vinculantes, pero pueden impactar en las cuestiones políticas e institucionales de los países y se nombran a modo de antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.