A través de sus abogados, como habían adelantado hace dos semanas, Cristina Kirchner presentó este martes la adenda con “nuevas pruebas” ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con el propósito de que el organismo revise su condena por la causa Vialidad y deje sin efecto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De ese modo, al margen de la incidencia sobre su situación judicial y la pena de prisión de seis años, la ex presidenta busca mantenerse como una de las dirigentes centrales del peronismo en la previa de las definiciones de cara al próximo proceso electoral. Más allá del resultado concreto en el intento de morigerar la condena –aun con un pronunciamiento favorable de la ONU, la decisión final la tendrá la Corte Suprema que ya rechazó los recursos y confirmó la sentencia-, la estrategia anunciada por el equipo de abogados integrado por Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, con el foco en el cuestionamiento de la “proscripción perpetua” de Cristina Kirchner apunta a sostener el reclamo por su candidatura, y por lo tanto no validar –al menos ella y los integrantes de su sector- a ningún otro dirigente con aspiraciones.

Los abogados de la ex presidenta insistieron en que se violaron derechos fundamentales durante el proceso y presentaron un informe para mostrar que el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió el 0,85% de los fondos del fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad. Fuentes judiciales replicaron que ese cálculo estaba basado en datos nacionales, a diferencia de la causa que revisó únicamente la obra pública en Santa Cruz. “Me parece cierto que el Comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo”, dijo Valim a Reuters. “Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión.

Eso daría condiciones para que este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión”, completó el abogado brasileño que había asesorado a Lula da Silva en su presentación ante la ONU. Con la consigna “Cristina candidata”, los dirigentes del peronismo alineados con su conducción ponen el reclamo para que quede habilitada a presentarse por encima de la construcción de cualquier otro proyecto con un liderazgo distinto. “Nosotros vamos a pelear contra la proscripción. Y que ella decida si quiere o no ser candidata.

No puede ser que no la dejen hacer política”, complementaba la estrategia judicial un referente de contacto frecuente con la ex mandataria el día del anuncio. “Va a ser un candidato trucho el que se presente el año que viene porque Cristina está proscripta”, había dicho sin rodeos Oscar Parrilli unos meses antes, al ingresar a una reunión en la sede del PJ nacional sobre la calle Matheu, cuando escalaba la pulseada con Axel Kicillof. “Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente”, aseguró este lunes Máximo Kirchner a Infobae, en otro fogoneo de ese eventual escenario. “Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal. Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, advirtió el diputado y jefe de La Cámpora. En medio de la pelea, Kicillof ratificó sus cuestionamientos al fallo de la causa Vialidad (la consideró “injusta” en el acto en Villa Domínico) aunque evita pronunciarse sobre una eventual candidatura de la ex presidenta.

Cerca de Cristina Kirchner estiman que recién el año que viene, hacia el final del verano, transmitirá su decisión sobre la candidatura presidencial, sin descartar que pueda inclinarse por el gobernador bonaerense: “Ya demostró ser pragmática, y va a hacer todo para que gane el peronismo”.