El gobernador Axel Kicillof planea completar la Corte Suprema de Buenos Aires antes de que finalice su mandato. Debe obtener el acuerdo político para cubrir cuatro cargos ante un pedido explícito del presidente del máximo tribunal provincial, el juez Sergio Torres, no sólo sobre la cobertura de esos sillones clave sino también de 200 puestos de jueces y juezas en suelo bonaerense. “Está todo trabado en la política”, admiten fuentes oficiales. La demanda dentro del Poder Judicial persiste, para garantizar una “correcta administración de justicia”.

En la provincia de Buenos Aires hay 20 departamentos judiciales con 2.400 miembros entre fiscales, jueces y defensores oficiales. De ese universo, 1.300 son magistrados. Si se desglosan esos números, nos encontramos con un máximo tribunal de siete miembros, las Cámaras de Apelaciones cuentan con cerca de 260 integrantes, y la mayor cantidad de funcionarios judiciales se encuentran en la instancia de instrucción, con un promedio de 950 sillones.

Es el Poder Judicial bonaerense de los más grandes de la región. Hacia 2024 llegó a tener 700 puestos vacantes, de los cuales ya se lograron cubrir 415 entre la gestión de Julio Alak como ministro de Justicia y la actual conducción de Juan Martín Mena. Pese a ello, aún restan 200 puestos sin cubrir y pasaron más de 800 días desde que se produjo la primera vacante en la Corte bonaerense.

De sus siete cargos, sólo hay tres magistrados en funciones: Torres, Daniel Soria y Hilda Kogan, quien asumió en 2002 en el cargo. La situación es preocupante. El 28 de abril, la Corte Suprema de la provincia presentó un proyecto de una autarquía económica que ya fue enviado a la Legislatura.

En ese marco, el presidente del máximo tribunal señaló que “postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el Estado de Derecho”. Torres exhortó a los poderes constitucionales de la provincia de Buenos Aires -el Ejecutivo y el Legislativo a través del Senado- para que se “aboquen a la urgente cobertura de las vacantes y así darle a la provincia una Corte integrada con sus siete miembros, conforme la manda Constitucional y las leyes vigentes”. Al analizar el escenario actual, fuentes judiciales recordaron con Clarín que “la primera de las vacantes se produjo en enero de 2020, es decir, más de 800 días sin siquiera haber cubierto esa primera vacante”.

¿Cuál es la mayor complicación? Para resolver cualquier caso, el máximo tribunal bonaerense tiene un quórum de cuatro de sus integrantes, motivo por el cual siempre se requiere convocar a un cuarto juez entre los presidentes de Tribunales de la Casación Penal. Es decir: por más que no haya diferencias entre Soria, Torres y Kogan, necesitan sí o sí llamar al menos a un conjuez.

Si los titulares votaran en forma distinta, para alcanzar cuatro votos iguales son necesarios dos suplentes. Si entre ellos tampoco votaran igual, es necesario convocar a tres o hasta cuatro conjueces. Hay un primer factor sobre esta dinámica que resaltan algunos integrantes del Poder Judicial: “La situación conduce que a lo que era una excepción, convocar a un juez de Casación, se haya convertido en una norma y así, un juez que no es de la Corte, que no está nombrado para ese puesto, termina votando de forma asidua como tal”.

Sin embargo, sobre ese panorama las mismas fuentes añaden que no hay mora en cuanto al tratamiento de casos, ya que las modificaciones implementadas durante la pandemia “permitieron ganar celeridad. Pero hay sobrecarga en los tres miembros que integran hoy la Corte”. Ante la consulta de Clarín, fuentes oficiales explicaron que aún no está constituida la Comisión de Acuerdos del Senado provincial, responsable de dar tratamiento a los pliegos que Axel Kicillof envíe para la cobertura de cargos.

La administración bonaerense avanzó en la cobertura de 415 puestos, quedan 200 por delante y el mayor desafío político para Kicillof: obtener los acuerdos con La Cámpora, como también el espacio que responde a Sergio Massa, esencialmente, para obtener los votos que requiere designar miembros para la Corte Suprema provincial, que alcanza con la mayoría simple. Una vez más, como ocurre a nivel nacional, “la traba es política”, como reiteró una fuentes oficiales. Sobre la firma