El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, expuso la grave situación en la que se encuentra el Ministerio Público por falta de presupuesto: en dos meses podría quedar inoperativo. Este panorama ya había sido alertado por la Junta de Fiscales Supremos cuando Delia Espinoza aún era fiscal de la Nación. Con su destitución y la elección de Tomás Aladino Gálvez como titular interino, el tema se dejó de lado, especialmente por la buena relación de este último con el Congreso de la República.

Sin embargo, a pocos meses de iniciar el 2026, la realidad de la institución es delicada y podría agravarse en las próximas semanas. Chávez Cotrina alertó sobre despidos masivos de asistentes en marzo, lo que impactaría directamente en la continuidad de las investigaciones. En declaraciones a diferentes medios, el coordinador indicó que más de 4 mil asistentes serían despedidos.

Esto afectaría el rendimiento de la institución, especialmente en un contexto en el que la lucha contra las organizaciones criminales, la delincuencia y el sicariato es una de las principales demandas de la población. Operativos en riesgo y víctimas desamparadas En entrevista con Canal N, Jorge Chávez Cotrina alertó que ya se han programado operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú para continuar con los casos de organizaciones criminales y otros delitos que impactan en la seguridad ciudadana. Sin embargo, la falta de recursos pone en riesgo estas diligencias, no solo porque no habría presupuesto para cubrir los pasajes de los fiscales, sino también por los posibles despidos. “Estos operativos no se van a poder ejecutar porque no tenemos para los pasajes y viáticos de los fiscales”, declaró.

Precisó que en cada intervención suelen participar entre 40 y 60 fiscales, por lo que, de no asignarse recursos, estos operativos tendrían que detenerse. Asimismo, advirtió que la carencia de personal y financiamiento provocaría la paralización de todas las investigaciones en curso. Otro punto sensible son las víctimas.

La crisis del Ministerio Público alcanza a dependencias clave como Medicina Legal y la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, que también dependen del presupuesto institucional. Paralización de los casos emblemáticos La falta de fondos va más allá. En noviembre se estableció la creación de un subsistema especializado que ve los casos de extorsión y sicariato.

Es decir, las investigaciones que pesan contra Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, o el recién extraditado ‘Negro Marín’ deberían ser abordadas únicamente por este equipo especializado, conformado por el Ministerio Público, la PNP y el Poder Judicial. Pero, en la práctica, la realidad es muy diferente a lo que está escrito en el papel. Primero, se dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas sea quien financie este subsistema.

Sin embargo, después, cuando José Jerí promulgó el decreto que reglamentó la norma, la figura cambió. Ahora, los recursos para la creación de las fiscalías especializadas y su implementación estarían a cargo del Ministerio Público, algo que, según Jorge Chávez Cotrina, resulta inviable porque no hay presupuesto.