La crisis en la atención de jubilados y pensionados en Córdoba escaló a un nuevo nivel de tensión política e institucional. La Defensoría del Pueblo de la Provincia pidió la renuncia inmediata de toda la conducción del PAMI local, al considerar que el organismo “no está garantizando los derechos de las personas mayores”. El planteo fue encabezado por el defensor adjunto Carlos Galoppo, quien denunció un deterioro sostenido en las prestaciones: falta de medicamentos, demoras en turnos, dificultades para acceder a estudios y tratamientos, y una situación crítica que impacta con mayor gravedad en pacientes oncológicos y personas que requieren intervenciones urgentes.

Según señalaron desde el organismo, la situación no solo refleja problemas de gestión sino también el impacto de un contexto nacional que, aseguran, viene “desfinanciando el sistema de salud”. En ese marco, advirtieron que el PAMI, lejos de resolver las demandas, está agravando las condiciones de acceso a la atención médica de miles de afiliados. "Por insensibilidad, por indiferencia, por impericia y por haber sido incapaces de afrontar la situación y de estar a la altura de la circunstancia, es que Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia exigimos la renuncia inmediata de todas las autoridades del PAMI Córdoba y especialmente de aquellas autoridades nacionales que son los responsables de haber designado a este grupo de personas", expresó el funcionario cordobés en un video distribuido en las redes. Un reclamo que comenzó con Llaryora El reclamo institucional se da en paralelo a un giro en la estrategia política del gobernador Martín Llaryora, quien decidió endurecer su postura frente al Gobierno nacional.

Desde el Centro Cívico, el mandatario provincial pidió públicamente que la Nación “dé la cara” y garantice los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema. En un discurso con tono inusualmente confrontativo, Llaryora apuntó contra los responsables políticos del PAMI y cuestionó la falta de respuestas ante una problemática que afecta a uno de los sectores más vulnerables. Sin mencionarlo directamente, también dejó bajo presión al diputado nacional Gabriel Bornoroni, referente de La Libertad Avanza en Córdoba y vinculado a la designación de autoridades en el organismo.

Para el oficialismo provincial, la crisis del PAMI se convirtió en un eje de disputa política de cara al escenario electoral. La ofensiva busca exponer a los referentes libertarios en el territorio, en un contexto donde los jubilados aparecen como uno de los sectores más golpeados por el ajuste. Mientras tanto, la situación de los afiliados sigue sin una resolución inmediata, con miles de adultos mayores que continúan enfrentando dificultades cotidianas para acceder a prestaciones básicas de salud.