Aunque es habitual pensar que Fukushima tuvo la misma solución que Chernóbil y que todo se resolvió con un colosal sarcófago de hormigón, lo cierto es que la realidad es muy diferente y mucho más compleja. Y es que desde que ocurrió el terremoto que después desencadenó el gran tsunami hace ya quince años, el interior de los reactores es un tema polémico que a día de hoy sigue despertando cierta controversia. Lo que pasó.

El 11 de marzo de 2011, Japón sufrió en sus costas orientales un terremoto de magnitud 9.0, como cuenta Business Insider. Esta sacudida tuvo como consecuencia un tsunami de olas de más de 10 metros que alcanzaron la central nuclear de Fukushima Daiichi, dando lugar a un incidente peligrosísimo. El agua inundó los equipos eléctricos y los generadores diésel de emergencia, provocando la pérdida de alimentación eléctrica necesaria para mantener la refrigeración.

Como consecuencia, tres de los reactores que estaban en funcionamiento de la planta sufrieron fusiones del núcleo y se produjeron diversas explosiones de hidrógeno durante los tres días siguientes, provocando una fuga de materiales radiactivos y contaminación en la zona. Las primeras mediciones detectaron niveles elevados de radiactividad en los alrededores de la central. El accidente acabó siendo clasificado como nivel 7 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Solo otro desastre nuclear ha alcanzado ese mismo nivel. Efectivamente: Chernóbil en 1986. Preparados para el terremoto, no para el tsunami.

Según la Asociación Mundial Nuclear, el terremoto, que duró unos 3 minutos, hizo que se apagaran automáticamente los once reactores de las cuatro centrales nucleares de la región afectada y ocho de ellos lograron parar en frío en cuatro días. Sin embargo, los tres de Fukushima Daiichi no lo consiguieron, ya que todo el recinto quedó inundado por el maremoto. La inundación dejó fuera de servicio prácticamente toda la alimentación eléctrica de emergencia; solo sobrevivió un generador diésel refrigerado por aire en la unidad 6.

A diferencia de la central de Prípiat, aquí no hay ningún sarcófago. En los meses posteriores al accidente de 1986, se levantó un sarcófago de emergencia con el objetivo de contener las emisiones radiactivas del infame Reactor 4. Posteriormente, en 2015, se instaló El Arca, una enorme estructura de confinamiento diseñada para limitar la dispersión de materiales radiactivos y facilitar el desmantelamiento del antiguo sarcófago.

Sin embargo, en Fukushima, no existe una estructura de confinamiento equivalente que encapsule los tres reactores dañados. La estrategia ha sido bastante diferente: mantenerlos refrigerados, controlar el agua contaminada y avanzar progresivamente hacia la retirada del combustible fundido. Lo que sí existe es una especie de complejo industrial donde los equipos de la central siguen interviniendo regularmente para vigilar los reactores, inyectar agua e intentar extraer el combustible.

Más de 150 m3 de agua al dia. Según Space Group, cada día se inyectan en los tres reactores dañados unos 150 metros cúbicos de agua para enfriar de forma continua los residuos de la fusión que siguen emitiendo calor incluso hoy, quince años después del accidente. Esta cantidad de agua equivale a más de sesenta bañeras llenas hasta rebosar y sirve para evitar que la temperatura aumente peligrosamente y se produzcan reacciones sin control.

Aunque se ha intentado, nunca se ha conseguido retirar el combustible fundido por completo, debido a las dificultades de acceso a estos reactores y a la intensa radiactividad que les rodea. Una decisión polémica. Después de usarla para refrigerar los núcleos dañados, ¿qué pasa con esos 150 m3 de agua contaminada?

Esta agua se somete a un proceso de tratamiento mediante el sistema ALPS, diseñado para eliminar la mayor parte de los radionúclidos. El tritio es la principal excepción, ya que no puede separarse del agua. Según France24, se hace en niveles considerados seguros, según los estándares nacionales e internacionales.

Desde agosto de 2023, Japón está liberando esta agua tratada y diluida en el océano. La decisión provocó la oposición de organizaciones ecologistas, parte de la comunidad pesquera y algunos gobiernos de la región. En 2021, varios expertos independientes de derechos humanos de la ONU también expresaron su preocupación por los posibles efectos sobre la salud y el medioambiente.

Imagen | Mick De Paola