La controversia por los créditos hipotecarios millonarios otorgados por la banca pública a integrantes del Gobierno nacional escaló al Congreso con una propuesta que busca cerrar el acceso a estos beneficios para quienes ejercen el poder. El diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango (PJ), presentó un proyecto de ley que prohíbe a funcionarios, diputados y senadores de ser beneficiarios de herramientas financieras estatales durante su mandato. La controversia creció cuando se conoció que cerca de 40 funcionarios y oficialistas accedieron a préstamos de hasta 340.000 dólares, en varios casos destinados a segundas o terceras viviendas y bajo condiciones consideradas favorables. Incompatibilidad ética: quiénes quedarían excluidos de los préstamos estatales La proyecto de ley impulsado desde Río Negro establece una “incompatibilidad ética” para quienes ocupen cargos públicos nacionales y quieran acceder a créditos hipotecarios en bancos públicos, con el objetivo de prevenir conflictos de intereses y evitar cualquier sospecha de privilegios en el uso de recursos estatales. Además, plantea que durante el ejercicio de sus funciones no podrán “solicitar, gestionar, tramitar, obtener o resultar adjudicatarias de créditos” ni otros beneficios financieros provenientes de organismos públicos. La iniciativa alcanza a diputados, senadores, ministros, secretarios, autoridades de empresas estatales y otros cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo. También incluye la prohibición de participar en estas operaciones como garantes o beneficiarios indirectos. Nulidad absoluta y faltas graves: las sanciones que prevé la ley El proyecto sostiene que el problema no es solo legal sino institucional. Afirma que, aun cuando los créditos se otorguen dentro de una normativa vigente, el acceso de funcionarios a financiamiento estatal “genera una lesión objetiva a la confianza pública”. En esa línea, remarca que “la discusión no es solamente penal o reglamentaria: es, ante todo, ética e institucional”, poniendo el foco en la percepción de privilegio. La iniciativa propone una restricción temporal, limitada al período en que se ejerce la función pública, sin impedir el acceso al crédito una vez finalizado el mandato. También establece que cualquier acto que viole la norma será “nulo de nulidad absoluta e insanable”, y que la obtención de estos beneficios constituirá una falta grave a la ética pública. Además, prevé mecanismos de control obligatorios para que las entidades financieras verifiquen si los solicitantes están alcanzados por la incompatibilidad antes de aprobar operaciones. Polémica por los préstamos y la decisión del Banco Nación En los últimos días corrían los rumores que el Banco Nación había eliminado la recientemente una normativa que habilitaba explícitamente a personas con cargos políticos a acceder a estas líneas de financiamiento. La modificación fue oficializada mediante una nueva circular que dejó sin efecto un apartado incorporado en 2024. Ese cambio había ampliado el universo de beneficiarios durante la gestión de las autoridades anteriores del banco, permitiendo incluir a funcionarios designados o electos dentro de los posibles tomadores de crédito. Sin embargo, ayer por la noche la propia entidad bancaria aclaró no haber eliminado la norma que permite a funcionarios acceder a créditos hipotecarios, a través de sus redes sociales: «Se aclara que el Banco Nación no ha modificado ningún criterio de elegibilidad para los usuarios de créditos hipotecarios, ni ha cambiado ningún régimen de otorgamiento, ni excluido a ningún grupo de los clientes de BNA». ACLARACIÓN — Prensa BNA (@prensabna) April 13, 2026 Se aclara que el Banco Nación no ha modificado ningún criterio de elegibilidad para los usuarios de créditos hipotecarios, ni ha cambiado ningún régimen de otorgamiento, ni excluido a ningún grupo de los clientes de BNA. pic.twitter.com/ZOHEAky10Y La controversia por los créditos hipotecarios millonarios otorgados por la banca pública a integrantes del Gobierno nacional escaló al Congreso con una propuesta que busca cerrar el acceso a estos beneficios para quienes ejercen el poder. El diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango (PJ), presentó un proyecto de ley que prohíbe a funcionarios, diputados y senadores de ser beneficiarios de herramientas financieras estatales durante su mandato.