La economía argentina enfrenta una nueva señal de deterioro en el sector privado. Durante septiembre, otras 1.937 empresas ingresaron en mora y llevaron a 58.982 la cantidad de firmas con una situación bancaria diferente de la normal. El aumento alcanza el 53% en los últimos doce meses y expone una de las principales tensiones del programa económico del Gobierno: la estabilidad monetaria convive con dificultades crecientes para financiar la producción, sostener el consumo y recuperar la inversión.

Los datos pertenecen al último informe de Fidelitas, que ubicó su Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF) en 37,7 puntos, una caída de 0,6 puntos respecto de agosto. El indicador permanece dentro de la categoría de Riesgo Elevado, con su peor desempeño concentrado en el componente crediticio, que apenas alcanzó 19 puntos. El deterioro empresarial contrasta con una mejora parcial en los registros de personas.

La cantidad de CUITs en mora bajó de 6.369.815 a 6.302.536, una reducción del 1,1%. También retrocedió 8,9% la mora temprana, correspondiente a la situación 2. Sin embargo, el informe advierte sobre la gravedad de los incumplimientos acumulados: mientras en enero de 2025 existían 1,8 millones de CUITs en situaciones 2 a 4, actualmente 3,7 millones figuran en situación 5, considerada irrecuperable.

El costo de las tasas y la presión sobre las empresas La política monetaria aparece en el centro del problema. Las tasas de interés reales positivas contribuyen a sostener la demanda de pesos, moderar la dolarización y contener las presiones inflacionarias. Su contrapartida es el encarecimiento del financiamiento para empresas y familias. “Las herramientas monetarias que contribuyen a estabilizar la economía también encarecen el financiamiento y profundizan las dificultades de empresas y familias”, señaló Félix El Idd, CEO de Fidelitas.

El diagnóstico incorpora otra tensión para el Gobierno: el equilibrio fiscal como ancla del programa económico frente a una actividad que no logra recuperar dinamismo. Según Fidelitas, desde enero de 2023 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de apenas 0,1%. La construcción registró una caída interanual del 4,4% y la industria manufacturera retrocedió 3,2%, mientras la minería avanzó 8,4%.

Esta diferencia refleja una economía con desempeños sectoriales dispares. Las actividades extractivas sostienen parte de los indicadores agregados, pero las vinculadas al mercado interno mantienen dificultades que repercuten sobre el empleo formal y la recaudación. Para las cuentas públicas, el riesgo es circular: una menor actividad reduce los ingresos tributarios y puede exigir nuevos recortes para preservar el superávit fiscal.

Esos ajustes, a su vez, pueden afectar la demanda y profundizar la debilidad productiva. Los dólares y la deuda agregan presión para 2027 El frente cambiario constituye otra preocupación del informe. Durante los últimos 18 meses, las compras privadas de divisas sin fines específicos alcanzaron US$ 36.500 millones, frente a un superávit comercial acumulado de US$ 29.132 millones en igual período.

La comparación expone las dificultades para acumular reservas pese al resultado positivo del comercio exterior, que obtuvo 72,8 puntos y fue el componente mejor calificado del SERF. Fidelitas estima que la demanda privada de dólares para dolarización de activos y pago de dividendos ronda actualmente los US$ 2.500 millones mensuales. A esa presión se suman vencimientos de deuda soberana por aproximadamente US$ 25.000 millones entre capital e intereses durante 2027.

El mercado financiero también marca diferencias: mientras los bonos con vencimientos anteriores a 2027 ofrecen rendimientos cercanos al 4%, los títulos que vencen hacia 2028 superan el 20%. El riesgo país permanece por encima de los 550 puntos. El Gobierno apuesta a las exportaciones Para el cierre de 2026, Fidelitas no espera modificaciones sustanciales del escenario.

El Gobierno confía en mayores ingresos de divisas provenientes de la cosecha de trigo y la operación del oleoducto Vaca Muerta Sur. Los proyectos asociados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían contribuir a mejorar la disponibilidad de dólares, aunque su impacto más significativo llegaría dentro de dos o tres años. La cuestión pendiente es cómo sostener la estabilización sin prolongar el deterioro del crédito y la actividad.

El informe suma a esa discusión la incertidumbre política de 2027 y la necesidad de preservar reglas y contratos más allá de los resultados electorales.