La última temporada de cosecha en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén dejó al descubierto tensiones estructurales en la organización del trabajo rural migrante. A pesar de los esfuerzos previos por coordinar acciones entre provincias y actores del sector, el inicio de la campaña en enero de 2026 evidenció desajustes entre la oferta y la demanda laboral, con un saldo que encendió señales de alerta de cara al futuro. Durante diciembre de 2025, en la antesala de la cosecha de peras y manzanas, se habían llevado adelante reuniones entre organismos nacionales, provinciales y representantes del sector productivo. En esos encuentros, que contaron con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se buscó fortalecer la coordinación interprovincial para garantizar condiciones adecuadas de traslado, contratación y alojamiento para los trabajadores migrantes. En ese marco, el entonces presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), José Voytenco, había sido claro en el diagnóstico: “Debemos garantizar una adecuada planificación, acceso a la información y condiciones básicas de alojamiento y trabajo desde el origen”. Sin embargo, el escenario que se desplegó semanas después mostró que esos objetivos aún enfrentan dificultades en su implementación. Un flujo que desbordó previsiones Con el inicio de la cosecha, la región recibió un flujo significativo de trabajadores, muchos de ellos sin acuerdos laborales previos. Esta situación generó un desajuste en la capacidad de absorción de la actividad, que no logró integrar a todos los que llegaron en busca de empleo. “Este año fue atípico: llegaron muchos más trabajadores que otros sin acuerdo de empleo, incluso con sus familias, en un contexto donde la actividad no estaba en condiciones de absorber esa demanda”, explicó Miguel Coliñir, delegado del RENATRE en Neuquén. Según datos relevados, más de 3000 personas quedaron varadas en distintas localidades, especialmente en San Patricio del Chañar, donde se hicieron visibles las limitaciones en infraestructura y asistencia. En algunos casos, los trabajadores permanecieron en terminales, espacios públicos o centros de salud, a la espera de una oportunidad laboral. El fenómeno no es nuevo, pero este año adquirió mayor magnitud. El Alto Valle suele recibir entre 20.000 y 25.000 trabajadores por temporada, muchos de ellos provenientes de provincias del norte argentino. “En algunos casos se organizan traslados en colectivos, lo que requiere una mejor coordinación para ordenar ese flujo”, señaló Giuliano Ruffini, delegado del RENATRE en Río Negro. Frente a este escenario, algunos trabajadores optaron por trasladarse a otras regiones o buscar empleo en actividades alternativas, en un contexto económico que agrega presión sobre las decisiones individuales y familiares. Planificación y controles en el centro del debate La experiencia de esta campaña reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de planificación y control en la migración laboral estacional. Por ello se impulsan herramientas orientadas a mejorar la organización del proceso, con foco en la registración previa, el acceso a información clara y la formalización de los vínculos laborales. “Las personas tienen que venir con una fuente de trabajo definida y algún vínculo previo con las empresas, para evitar situaciones en las que llegan sin destino laboral”, remarcó Coliñir. En esa línea, también se destacó el trabajo conjunto con la OIT en la elaboración del documento “Oportunidades y desafíos para mejorar la vida laboral de las personas trabajadoras migrantes temporarias en la agricultura argentina”, que busca aportar un diagnóstico integral sobre la problemática y orientar políticas públicas. Uno de los puntos críticos identificados durante la temporada fue la falta de sistemas de registro eficientes que permitan anticipar la cantidad de trabajadores que se desplazan hacia cada región. A esto se sumaron irregularidades en la documentación presentada para acceder a los traslados, lo que dificultó las tareas de fiscalización. “Es clave fortalecer los controles en origen y durante los traslados, promoviendo que viajen únicamente personas trabajadoras con contratación previa”, sostuvo Voytenco. Además, subrayó la importancia de contar con mecanismos que faciliten el regreso de quienes no logran insertarse laboralmente. El desafío, coinciden los actores del sector, es avanzar hacia un esquema más ordenado, que contemple tanto las necesidades productivas como la protección de los derechos laborales. Esto implica no solo mejorar la articulación entre provincias emisoras y receptoras, sino también reforzar el rol del Estado en la regulación y supervisión del proceso. Mientras tanto, el balance de la temporada deja una señal clara: sin planificación efectiva y coordinación real, los desajustes tienden a repetirse. En una actividad que depende fuertemente de la mano de obra migrante, ordenar el flujo y garantizar condiciones dignas no solo es una cuestión social, sino también un factor clave para la sostenibilidad productiva del Alto Valle.