A la Corte Suprema de Justicia habrían llegado nuevas pruebas contra el representante a la Cámara David Racero, recientemente elegido como senador por el Pacto Histórico para el periodo 2026-2030, que lo señalan por supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos y posibles declaraciones falsas en procesos judiciales. Documentos y mensajes aportarían indicios de que personal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) habría realizado tareas fuera de sus funciones legales para beneficio privado y familiar del congresista, además de existir comunicaciones que pondrían en entredicho testimonios previos. Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel Según una carta que llegó al despacho del magistrado César Augusto Reyes y revelada en la mañana del lunes 16 de marzo por El Reporte Coronell, una persona allegada al político solicitó una manifestación voluntaria para contar su versión de los hechos ante el alto tribunal.

En su comunicación, el declarante habría asegurado tener un conjunto de comunicaciones de WhatsApp, notas de voz y testimonios, incluidos 17 mensajes entre Racero y John Leonardo García, miembro de su UTL. “Señor Magistrado CÉSAR AUGUSTO REYES. Sala Especial de Instrucción. Corte Suprema de Justicia.

Investigado: David Ricardo Racero Mayorca David Ricar. Asunto: Manifestación Voluntaria”, se lee en el documento revelado por El Reporte Coronell. Según los documentos que ya reposan en la Corte Suprema, García no solo habría fungido como conductor habitual del congresista y de su familia, sino que habría trabajado en el supermercado Fruver, propiedad del entorno familiar de Racero, mientras recibía su salario con fondos públicos.

Según el documento revelado por El Reporte Coronell, los intercambios mostrarían instrucciones directas sobre la administración del negocio y tareas relacionadas con la entrega de víveres al domicilio de Racero. Las pruebas presentadas también incluirían evidencias de pagos de supuestas obligaciones privadas con dineros públicos. Entre ellas se señala que asesores legislativos habrían adquirido productos en comercios y coordinaron su entrega a la vivienda del senador electo.

Además, se documentaron presuntos pagos de tarjetas de crédito, cuentas domésticas y transferencias de dinero a miembros de la familia de Racero, incluidos su padre y otros allegados. Entretanto, Racero compareció ante la Corte Suprema de Justicia la semana posterior a su elección como senador. El proceso, liderado por el magistrado César Augusto Reyes, evalúa actualmente la gravedad de las evidencias, las cuales podrían derivar en una acusación formal por concusión —exigencia o cobro indebido de dineros públicos por parte de un servidor.

Estado de las investigaciones judiciales contra David Racero En el ámbito judicial, hay procesos paralelos en marcha. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia estudia el caso penal por posible delito de concusión. Por otro lado, en el Consejo de Estado, Racero enfrenta una acción por “pérdida de investidura”, distinta de los procedimientos penales.

El 11 de febrero de 2026, el Consejo de Estado desestimó en primera instancia la solicitud de pérdida de investidura. No obstante, los demandantes apelaron al sostener que no se acreditó —más allá de toda duda— el uso indebido de recursos públicos, y solicitaron la comparecencia de la persona que entregó las pruebas ante la Corte Suprema y un cotejo entre las voces de Racero y John Leonardo García con las grabaciones aportadas. La disputa jurídica se concentra en la autenticidad de los mensajes y audios.

Los abogados defensores y demandantes insisten en que los nuevos elementos refuerzan las sospechas sobre el uso ilícito de la UTL y de pagos irregulares con dinero público. Las investigaciones avanzan tanto en determinar la comisión de faltas penales como en evaluar si existen méritos para la pérdida de investidura del senador electo. Paralelamente a la apelación, los abogados accionantes interpusieron denuncias adicionales —esta vez por presunto falso testimonio— contra John Leonardo García.

Se argumenta que tanto él como Racero habrían mentido bajo juramento sobre la relación laboral y las actividades desempeñadas en los negocios familiares.