La abrupta salida de abogado Agustín Ortiz de Marco, uno de los veedores que el Gobierno había designado para supervisar a la AFA en medio de las denuncias contra Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino, expuso una trama de destrato oficial y absoluto desinterés en la revisión de las cuentas de la entidad del fútbol argentino, desde hace meses bajo el escrutinio público y de la Justicia a raíz de diferentes denuncias. Se trata de uno de los dos representantes nombrados para seguir durante seis meses la situación institucional de la Asociación del Fútbol Argentino. Ortiz de Marco había sido propuesto originalmente cuando la Inspección General de Justicia estaba a cargo de Daniel Vítolo, y su continuidad se mantuvo aun después del recambio en el área que hoy controla Alejandro Ramírez.

Ortiz de Marco fue convocado para comenzar formalmente la tarea, pero optó por dar un paso al costado con el argumento de que tenía una fuerte carga laboral. Sin embargo, según pudo reconstruir Clarín, las razones de su sorpresiva decisión son otras y responderían a una decisión emanada desde el propio ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, de no darle demasiado interés a la revisión de las arcas de la AFA. Ortiz de Marco había sido propuesto junto al contador Rubén Miguel Papacena, que por ahora sigue en funciones, cuando la IGJ estaba en manos de Vitolo.

Mariano Cúneo Libarona era el ministro de Justicia y Sebastián Amerio, hombre de Santiago Caputo, su vice. A Papacena lo había propuesto Vitolo, mientras que el nombre de Ortiz de Marco fue acercado por Amerio, por una relación personal con su jefe de asesores. Así las cosas, tras el recambio en el ministerio de Justicia, con la salida de Cúneo Libarona y Amerio y la asunción del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, Vitolo fue corrido del cargo y la decisión del Ejecutivo de poner veedores entró en un impase.

Sin embargo, el 16 de marzo, once días después de la jura como ministro y cuando Mahiques ya había declarado públicamente que conocía "socialmente" a vario de los denunciados de AFA, se concretó el nombramiento de los veedores. Ahora, la renuncia del veedor generó todo tipo de suspicacias, sobre todo por los vínculos del nuevo ministro con la AFA. Mahiques fue nombrado por Tapia como el vicerrector de la Universidad de la AFA.

Además, ocupa el cargo de representante en la Comisión de Ética de la Conmebol, la entidad sudamericana de fútbol que encabeza Alejandro Domínguez, otro dirigente cercano a Tapia. Su padre, el camarista Carlos Mahiques, quedó envuelto en una polémica luego de que el diario La Nación revelara que festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA involucrado en las maniobras de corrupción de la entidad. "No soy amigo de ninguna de las personas que se dicen", aclaró el flamante ministro, en relación a su supuesta cercanía con Tapia y Toviggino, apenas horas después de ser nombrado. Sin embargo, en los hechos, el nombramiento de los veedores fue una suerte de fachada, ya que nunca se avanzó sobre los números de AFA.

En rigor, pasó un mes de su nombramiento y jamás nadie del gobierno entabló diálogo alguno con Ortiz de Marco para comenzar el trabajo. "Lo designaron hace un mes, nadie se comunicó con él y en el ultimo tiempo ya le habían dicho que no le iban a dar bola al tema, que no iba a tener el alcance que decía la resolución de veeduría", afirmó una fuente inobjetable a Clarín. Es más: su nombramiento decía que podía armar un equipo pero nunca le dieron fondos para hacerlo, es decir que iba a tener que solventarlos de su propio bolsillo. "No tenia herramientas para tomar un cargo de esa responsabilidad, requería más atención y decidió no aceptar el cargo. Nunca renunció, jamás aceptó", explican.

La veeduría había sido dispuesta en marzo por 180 días y apuntaba a revisar distintos aspectos del funcionamiento de la AFA. Entre los puntos bajo observación aparecían las cuentas de la entidad, las transferencias y también el papel de la frustrada universidad vinculada a la casa madre del fútbol argentino, un proyecto que nunca llegó a ponerse en marcha. De acuerdo con la resolución oficial, la intervención en grado de veeduría se apoyó en una presentación de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado del control de este tipo de asociaciones.

El argumento fue la detección de supuestas irregularidades en el funcionamiento institucional y registral de la AFA, lo que derivó en actuaciones administrativas y en la decisión de reforzar el control de legalidad. En la interna oficial, el nombre de Ortiz de Marco aparecía ligado a la etapa anterior del Ministerio de Justicia. Su figura había quedado asociada al armado que encabezaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio en la cartera, aunque fuentes oficiales niegan ese vinculo y sostienen que era un técnico del área que ya había participado en muchas veedurías. "No estaban dadas las condiciones para tomar esa responsabilidad sin herramientas", resume una fuente judicial.

La salida de Ortiz de Marco se produce, además, en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y la dirigencia de la AFA. La conducción política del fútbol argentino tiene como principales figuras a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, dos nombres centrales en la estructura de mando de la entidad y actores recurrentes en el enfrentamiento con la Casa Rosada. La situación disparó otra lectura que revela el destrato oficial hacia Ortiz de Marco para frenar cualquier posibilidad de avanzar sobre los popes de AFA, a la espera de que se decida una apelación de Tapia y Toviggino que aducen que la IGJ no tiene potestad de nombrar veedores, ya que la sede del organismo para las autoridades del fútbol queda en Pilar, por lo que correspondería a la Inspección de Justicia Provincial indagar ante una posible irregularidad.

La anteriores autoridades de la IGJ afirmaban que esa mudanza es irregular, por eso tomó intervención la Justicia. Con la renuncia consumada, el esquema oficial de control queda, al menos por ahora, reducido a Papacena. El Ministerio de Justicia deberá definir si sostiene el mismo criterio y nombra a otro abogado para completar la dupla prevista en la resolución original o si reconfigura una supervisión que, desde su lanzamiento, quedó envuelta en ruido político.