En un acto que marca un precedente a nivel nacional, el gobernador Martín Llaryora presidió la primera entrega de personerías jurídicas religiosas a diversas comunidades de fe de Córdoba. La ceremonia se desarrolló en el Centro Cívico y benefició a 17 organizaciones cristianas, judías y musulmanas que completaron su tramitación ante la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ). De esta manera, la jurisdicción cordobesa se consolida como el primer distrito de la Argentina en diseñar y aplicar un reconocimiento jurídico particular para las iglesias.

Esta política pública se encuadra en el Decreto Provincial 176/2025, el cual regula el estatus de los credos alcanzados por la Ley Nacional 21.745 y crea un registro propio a nivel local. Una respuesta a un reclamo histórico Anteriormente, las diferentes iglesias y congregaciones espirituales se veían forzadas a inscribirse bajo figuras legales que no coincidían con su verdadera naturaleza, tales como fundaciones, asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales (ONG). Por consiguiente, el nuevo marco normativo permite agilizar los procesos administrativos, la gestión de su patrimonio y el funcionamiento interno respetando las autonomías y estatutos de cada culto.

Al respecto, el gobernador Llaryora resaltó el valor institucional de la medida y la convivencia interreligiosa de la provincia: “Esta foto de todos juntos parece algo raro en la Argentina de hoy. Pero en Córdoba es posible porque no pensamos en la grieta, sino todo lo contrario. Y en eso el Comipaz ha sido central”.

Asimismo, el mandatario cordobés argumentó que la falta de un estatus legal adecuado significaba una barrera para el desarrollo de los credos. “Sin personería jurídica, sin reconocimiento oficial, el trabajo que ustedes realizan todos los días no puede recibir ayuda pública ni privada. Por eso es tan importante que, a partir de este decreto, esta realidad empiece a cambiar en la Argentina”, concluyó. Alcance territorial del reconocimiento Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, definió a las entidades religiosas como «un eje clave en la construcción de la comunidad» y expresó el orgullo de articular esfuerzos estatales junto a las iglesias, los clubes y los centros de jubilados.

En esta oportunidad, las entidades de la Capital que recibieron su documentación fueron el Centro Unión Israelita, la Sociedad de Socorros Mutuos y Ayuda Social Árabe Musulmana, el Ministerio Labrar de Dios, Buena Semilla, Victory y Viviendo Bajo la Unción, y la Simple Asociación Iglesia Asamblea de Dios Misionera. A su vez, el beneficio alcanzó a numerosas instituciones del interior cordobés: la Iglesia Jeremías 33:3 (Alta Gracia), Reino de Cristo (Corral de Bustos), Odres Nuevos (Deán Funes), Fundación Ministerio Cristiano Kayros (El Arañado), Muros de Salvación (Hernando), Visión Mundial para la Familia (Porteña), Centro de Adoración Profética Cristo Mi Rey y Señor (Río Cuarto), Pescadores de Hombres (San Francisco), Nueva Jerusalén (Villa de Soto) y Misión de Amor y Misericordia (Villa del Rosario). El respaldo de los líderes religiosos La medida gubernamental tuvo una recepción muy favorable entre los representantes de los distintos cultos locales.

El rabino Marcelo Polakoff ponderó la decisión y evaluó su impacto en la sociedad: “Cuando el Gobierno de Córdoba hace estos gestos, acercando lo celestial y facilitando lo terrenal y administrativo, contribuye a que seamos mejores personas”. Por otro lado, Jorge Abugauch, referente del Centro Islámico de la Provincia y de la Sociedad Árabe Musulmana, manifestó su gratitud hacia Llaryora por haber consolidado «un paso muy importante» para el desarrollo cotidiano de sus comunidades. Finalmente, el secretario de Culto, Mariano Almada, recordó que este avance administrativo nació de escuchar las demandas de las congregaciones.

Cabe destacar que esta entrega complementa una primera tanda realizada en diciembre del año pasado, donde otras 21 comunidades ya habían obtenido su correspondiente personería jurídica adaptada.