Con demoras y en medio de reproches de la oposición, la sesión clave de la Legislatura de Córdoba comenzó pasadas las 16, más de tres horas después del horario previsto. Los radicales Oscar Saliba y Ariela Szpanin cuestionaron al oficialismo por la tardanza y reclamaron respeto por las convocatorias, al señalar que permanecieron en sus bancas mientras el recinto mostraba escasa presencia del peronismo. El eje del debate que acaparó la mayor atención fue la reforma del Código de Convivencia Provincial que el oficialismo logró aprobar esta noche con amplio margen.

La iniciativa prohíbe la actividad de limpiavidrios en la vía pública, delega en los municipios la habilitación de cuidacoches y establece arrestos para quienes operen sin autorización. Se trata de un rediseño del control del espacio público que combina prohibición y regulación, con un endurecimiento de sanciones para la actividad informal con epicentro del problema en la capital cordobesa. El bloque de Hacemos Unidos por Córdoba se aseguró una amplia mayoría para sancionar la norma, que sintetiza iniciativas de distintos legisladores —entre ellos Oscar Agost Carreño, Matías Gvozdenovich, Matías Chamorro y Gregorio Hernández Maqueda—, aunque con una redacción final impulsada por el Ejecutivo de Martín Llaryora.

La propuesta del liberal mileista de prohibición total de los naranjitas no prosperó, pero sí se avanzó en un esquema de control más estricto, según la defensa oficialista. La UCR y el PRO acompañó en general, aunque el radicalismo rechazó artículos en particular al no ser atendidos sus aportes para "mejorar la ley". Los boina blanca, con Brenda Austin como principal vocera, pidió ajustes jurídicos y mayor alcance para los programas de reinserción sociolaboral, pero no tuvo eco en el oficialismo.

A su turno, Gvozdenovich fue muy crítico con el PJ al afirmar que “estamos discutiendo las consecuencias de la falta de control” y que el proyecto “surge como respuesta a una evidente falta de gestión” del intendente Daniel Passerini. No obstante, reconoció la necesidad de contemplar la dimensión social para la reconversión laboral: “Debemos generar capacitaciones para aquellos que trabajan en la calle en busca del sustento diario y brindarles nuevas oportunidades en el mercado laboral, para ello, la universidad provincial podría cumplir un rol fundamental". Entre los apoyos condicionados, Oscar Tamis (PRO) coincidió en que se trata de un problema principalmente de la ciudad de Córdoba y advirtió que el fenómeno no se replica en el interior, mientras que Dante Rossi apuntó a la “impericia” de la gestión municipal y pidió no simplificar el debate, al remarcar que conviven situaciones delictivas con contextos de vulnerabilidad.

En la misma línea, el vecinalista Gerardo Grosso acompañó en general, pero cuestionó la “provincialización” del problema y advirtió que el Estado no puede delegar responsabilidades. Además, pidió un plazo de transición más amplio para que los municipios puedan regularizar la actividad. En contra Desde la oposición más dura, el juecismo, encabezado por Walter Nostrala, expresó su firme negativa al considerar que la regulación de los cuidacoches es una competencia municipal y cuestionó la falta de gestión del PJ en la ciudad capital. “El problema no son los que se ponen un guardapolvo naranja, son los que se ponen trajes de funcionarios y roban en el Estado”, fustigó.

También cuestionó que se genere una “falsa expectativa” sobre su impacto en la seguridad. En tanto, Hernández Maqueda insistió —sin respaldo suficiente— con su planteo de prohibición total. “Solicitamos tratar nuestro proyecto que pretende terminar con la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, y este proyecto no tiene nada que ver con eso. Este proyecto viene a profundizar el problema, lo consolida y mantiene el sistema que ya fracasó", resaltó.

En tanto, el libertario autónomo Agustín Spaccesi rechazó la iniciativa por habilitar un sistema “opaco” que calificó como “extorsión al ciudadano”. La izquierda, representada por Noelia Agüero, también votó en contra. Denunció que la norma profundiza la “criminalización de la pobreza” y advirtió que “este proyecto es marche preso”, al considerar que persigue a quienes subsisten en la informalidad sin ofrecer soluciones de fondo.

El dato político, aunque en el fondo no causó sorpresa, fue el rechazo a la ley por parte del delasotista Bernardo Knipscheer, quien viene manejándose con cierta autonomía. Advirtió que la norma es “atemporal” frente a una crisis social creciente: “Cuando veamos más gente durmiendo en la calle, ¿los vamos a meter presos? El final de la historia no es bueno” al apuntar contra el gobierno de Javier Milei.

De esta manera, el peronista marcó una clara diferencia con sus pares del bloque HUxC. Defensa oficialista En su intervención, Chamorro defendió la iniciativa al argumentar que busca “ordenar una problemática real” con un enfoque integral que combine regulación y contención social. Sostuvo que “no avalamos delincuentes disfrazados”.

Así diferenció a quienes delinquen de quienes “buscan sobrevivir”, y destacó la articulación entre Provincia, municipios y la UNC para impulsar capacitación e inclusión. “Es una primera etapa”, planteó, al anticipar que lo que viene son las nuevas regulaciones de los gobiernos locales. En la misma línea, Leonardo Limia rechazó las críticas opositoras y aseguró que la ley apunta a “darle soluciones a la gente”, mientras que Juan Manuel Llamosas subrayó que la norma “respeta plenamente la autonomía municipal” y brinda herramientas para ordenar el espacio público. En ese plano, hizo hincapié en la potestad de los municipios "en autorizar o no la actividad de los cuidacoches en sus jurisdicciones". "Porque ordenar el espacio publico es mejorar la convivencia, darle herramientas a los municipios es fortalecer el federalismo provincial y acompañar con políticas de inclusión es también una forma de abrir nuevas oiportunidades para los que hoy más lo necesitan.

Orden, convivencia y oportunidades ese es el camino", concluyó el titular de la comisión de Seguridad, quien esrtuvo a cargo de trabajar la letra fina del despacho y reunir los consensos de mayoría. Con respaldo mayoritario, aunque el debate tuvo momentos de tensiones políticas y pases de facturas, la Unicameral cordobesa sancionó, pasada las 21, una ley que promete reconfigurar el orden del espacio público en Córdoba en medio de un nuevo frente de discusión con la oposición dura que, con diferentes argumentos, rechazó la norma impulsada por el gobierno de LLaryora.