El miércoles pasado, la Cámara Laboral de Viedma suspendió el control de asistencia en los hospitales, mediante el sistema biométrico facial, hasta la “resolución del recurso administrativo”, y esa instancia se cumplió este lunes con un decreto del gobernador Alberto Weretilneck donde ratificó ese mecanismo y su obligatoriedad. En el último Boletín Oficial se publicó el decreto Nº 903 que confirma el control biométrico para el personal de Salud. En agosto, Asspur formalizó un recurso en el gobierno en contra de esa implementación y, frente a la demora, se presentó ante la Cámara Laboral de Viedma, que resolvió en favor del gremio y suspendió el uso del mecanismo a la espera de la resolución del trámite administrativo.

Casi un centenar de acciones judiciales Hasta ahora, cerca de un centenar de acciones se presentaron en el Poder Judicial, destacándose fallos del camarista roquense Ambrosio Huenumilla, donde declaró inconstitucional la norma de aplicación del mencionado sistema. Aun así, la postura más determinante correspondió a la Cámara viedmense, que determinó la suspensión temporaria del sistema, lo cual, aceleró el recurso gubernamental, que se firmó el viernes con el rechazo a la petición del gremio y la confirmación de la obligatoriedad del control biométrico. Sí se admiten falencias, como la falta de información al personal, y se ordenó ampliar las garantías sobre el tratamiento de los datos.

En general, la postura oficial se mantuvo en que no se necesita el consentimiento de los trabajadores para registrar su asistencia, como planteaba Asspur. En el Poder Judicial se registran cerca de medio centenar de acciones de sindicatos o de agentes estatales en contra del sistema biométrico facial. La norma sostiene que el registro de asistencia forma parte de las obligaciones del empleo público y que su control constituye una facultad propia del Estado empleador. “No hay, por tanto, un consentimiento arrancado bajo amenaza, porque no hay un consentimiento que la ley exija”, sostiene el texto oficial.

El escrito invoca las excepciones previstas en el artículo 5° de la Ley 25.326, que permiten procesar datos sin consentimiento cuando se trata del ejercicio del Estado o cuando derivan de una relación contractual y son necesarios para su cumplimiento. En el decreto, Weretilneck reiteró que el sistema no almacena fotografías de los agentes, sino que se genera una “plantilla matemática irreversible” y la imagen es descartada. Curiosamente, el ministerio entiende que los datos biométricos “no constituyen datos sensibles en los términos” de la ley nacional, aunque, luego, el decreto cita la resolución de la Función Pública que refiere a la “naturaleza sensible” de esos registros.

También se acepta que un pedido inicial de Asspur “no obtuvo respuesta formal en tiempo oportuno” y que la comunicación se limitó en algunas áreas “a ordenar el enrolamiento sin brindar toda la información sustantiva”. Sin celular propio Otro punto de crítica radicaba en el requerimiento del celular del estatal para el control, pero, en el decreto, se señala que “no resulta obligatorio utilizar el teléfono celular personal” y que el registro se cumplirá con “las terminales fijas instaladas en los establecimientos hospitalarios”. Desestimó el argumento de que la aplicación del nuevo control debía negociarse con los gremios, aunque aceptó que la falta de diálogo previo con los gremios “ha alimentado el conflicto”.

En el decreto, Weretilneck explicó por qué se recurre al mecanismo biométrico al sostener que planillas, relojes, supervisiones y otros mecanismos anteriores no producen “un registro homogéneo ni integrado con la liquidación salarial”. Señala que se fragmenta el sistema, presentan dificultades para liquidar guardias y adicionales; y cuestiona la huella dactilar en el ámbito sanitario. El miércoles pasado, la Cámara Laboral de Viedma suspendió el control de asistencia en los hospitales, mediante el sistema biométrico facial, hasta la “resolución del recurso administrativo”, y esa instancia se cumplió este lunes con un decreto del gobernador Alberto Weretilneck donde ratificó ese mecanismo y su obligatoriedad.