Parte importante de una peligrosa organización criminal en la ciudad cordillerana recibió una dura condena en Neuquén. La sentencia, avalada por el juez de garantías Ignacio Pombo, había sido pedida por el Ministerio Público Fiscal y representa el mayor logro judicial en términos de cantidad de integrantes (9) condenados desde que la provincia asumió la competencia sobre el microtráfico en 2024. Los fiscales Gastón Ávila y Federico Sura lideraron la acusación que no solo expuso el comercio de estupefacientes, sino también un trasfondo de violencia extrema. Penas de prisión efectiva y multas millonarias para los líderes La organización contaba con una estructura jerárquica donde Luis Fernando Tarraga dirigía las operaciones desde una celda en Centenario. Tarraga recibió una pena de siete años y seis meses de prisión efectiva, junto a una multa de 5,4 millones de pesos. Bajo sus órdenes, Mauricio Jairo Zalazar, Santiago Alejandro Cruces y Juan Alberto Lefimán fueron sentenciados a seis años de prisión por su rol en el comercio de drogas y por actos de violencia aberrantes. Otros miembros también recibieron sanciones severas según su nivel de participación. David Ángelo Argel fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel, mientras que Maximiliano Manuel Barrera recibió tres años de prisión efectiva. Por su parte, Carola Isabel Videla fue sentenciada a tres años de prisión efectiva por facilitar su domicilio para el acopio y la venta de sustancias. Finalmente, Hugo Orlando Reucán y Martín Alejandro Miranda recibieron tres años de ejecución condicional. El «kiosco» de drogas y la logística delictiva en los barrios La investigación probó que la banda operaba principalmente en el barrio Gobernadores Neuquinos y en Chacra 30. Utilizaban cuentas digitales y perfiles de Mercado Pago para blanquear los cobros, mientras que el almacenamiento se realizaba en casillas precarias. En uno de los allanamientos, la policía descubrió más de 170 dosis de cocaína ocultas dentro de una bombilla de luz, lo que demuestra el nivel de ingenio para evitar ser detectados. Además de la droga, se incautaron armas, dinero en efectivo y sustancias utilizadas para el estiramiento de los estupefacientes. Torturas, secuestro y amenazas a la justicia Lo que comenzó como una causa de narcotráfico reveló hechos de violencia extrema. Zalazar, Cruces y Lefimán fueron hallados culpables de secuestrar a un hombre en agosto de 2025. La víctima fue golpeada con culatas de armas, apuñalada en varias partes del cuerpo y sometida a tormentos en una bañera con agua fría bajo amenazas constantes. El hombre logró sobrevivir milagrosamente al arrojarse por una ventana desde casi cuatro metros de altura. La osadía de la banda también alcanzó al Poder Judicial. David Argel fue condenado por amenazar de muerte al juez de faltas Carlos Sánchez Galarce en su propio despacho, luego de que el magistrado ordenara la clausura de la casilla donde funcionaba el punto de venta de drogas. «Le queda poca vida», le advirtió el criminal antes de retirarse, un hecho que la fiscalía utilizó para demostrar la peligrosidad de la organización. Delitos conexos y cierre de la investigación Además del tráfico de drogas y las torturas, algunos integrantes sumaron condenas por hechos de inseguridad ciudadana. Juan Alberto Lefimán fue imputado por encubrimiento al hallarse en su poder una motocicleta robada, mientras que Hugo Orlando Reucán fue condenado por un intento de robo en una vivienda del barrio Villa Paur, donde fue sorprendido por la policía tras romper un vidrio y embolsar pertenencias electrónicas. Con este acuerdo pleno, el MPF cierra una investigación compleja que devuelve tranquilidad a los vecinos de San Martín de los Andes. Parte importante de una peligrosa organización criminal en la ciudad cordillerana recibió una dura condena en Neuquén. La sentencia, avalada por el juez de garantías Ignacio Pombo, había sido pedida por el Ministerio Público Fiscal y representa el mayor logro judicial en términos de cantidad de integrantes (9) condenados desde que la provincia asumió la competencia sobre el microtráfico en 2024. Los fiscales Gastón Ávila y Federico Sura lideraron la acusación que no solo expuso el comercio de estupefacientes, sino también un trasfondo de violencia extrema.