El caso de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que murió ahogado en el río Paraná en medio de una persecución policial en noviembre de 2021, tuvo un cierre este jueves en el Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes. El juicio, que incluyó un escándalo tras la polémica decisión de la fiscalía de negarse a acusar, terminó con cuatro policías del Grupo de Intervención Rápida (GIR) condenados a 10 años de prisión por “abandono de persona agravado por el resultado de muerte”. En tanto, otros dos efectivos fueron absueltos de los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a pesar de las pruebas presentadas. Cómo fue la persecución que terminó en tragedia La noche del 7 de noviembre de 2021, Lautaro y su amigo Ismael Meza fueron a la Costanera de Corrientes, donde se celebraba el Día del Empleado Municipal. Cerca de la medianoche, varias peleas obligaron a la policía a intervenir y los patrulleros del GIR llegaron al lugar. La presencia policial disparó la fuga de muchos de los jóvenes que estaban en el lugar, entre ellos Lautaro e Ismael, que corrieron hacia la playa Arazaty. De acuerdo con la reconstrucción, los dos treparon un alambrado del Club Boca Unidos y llegaron a una zona de barrancas y escombros. Allí, los policías del GIR los sorprendieron y empezaron a dispararles con postas de goma, obligándolos a tirarse al río. A los pocos segundos, Lautaro empezó a gritar desesperado pidiendo auxilio porque no sabía nadar. Ismael también pidió ayuda para su amigo, pero los policías siguieron disparando y apuntando con linternas. El abandono y la violencia policial Ismael logró llegar a la orilla, donde los policías lo recibieron con golpes y lo esposaron. Mientras tanto, los gritos de Lautaro se apagaron en el agua. Los oficiales amenazaron a Ismael para que no contara lo que había pasado y le ordenaron que, si le preguntaban por qué estaba mojado, dijera que se había metido al río a buscar una pelota. Después, los policías entregaron al adolescente a otra patrulla para llevarlo a la comisaría, pero los jefes de guardia se negaron a recibirlo sin un acta y un examen médico, ya que estaba muy golpeado. Finalmente, tras nuevas amenazas, lo liberaron. En la zona donde desapareció Lautaro, la Justicia encontró sus zapatillas y cartuchos antitumultos que los policías habían descartado tras dispararles a los dos chicos cuando ya estaban en el agua. La sentencia y el rol clave de la querella El Tribunal Oral Penal 1, integrado por Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y Oscar Ignacio Dubrez, condenó a Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero por el delito de abandono de persona agravado por el resultado muerte. A pesar de la condena a 10 años de prisión, los cuatro policías no quedaron detenidos tras el veredicto, pero deberán cumplir medidas de conducta: fijar domicilio, presentarse todos los meses ante el Tribunal y no salir de la provincia sin autorización judicial. Otros dos oficiales, Juan Daniel Aveiro y Vicente Manuel Pruyas Suárez, estaban acusados de haber detenido ilegalmente y golpeado brutalmente a Ismael Meza, pero fueron absueltos gracias a la falta de acusación del fiscal. Un fiscal en la mira y el reclamo de la familia El fiscal Carlos Lértora, que tiene la jubilación aprobada desde hace casi dos años pero sigue en funciones, participó del juicio “contra su voluntad” y sostuvo que las pruebas eran insuficientes. Por eso, desistió de acusar a los policías y hasta pidió que el principal testigo, Ismael, fuera investigado por falso testimonio, algo que el Tribunal descartó. “Si la familia no se hubiera constituido en querellante, el caso hubiera quedado impune”, cuestionó el abogado de la familia de la víctima, Hermindo González, en relación a la postura de la fiscalía. Durante el juicio, la querella pidió 20 años de cárcel para los policías y su detención inmediata, pero el Tribunal optó por la mitad de la pena y medidas restrictivas hasta que la sentencia quede firme.