Después de varios intentos fallidos a lo largo de los años y un último y resonante fracaso en 2025, la ley de Ficha Limpia vuelve a estar en el tapete de la mano de tres nuevos proyectos presentados en los últimos días por legisladores de la oposición bajo un mismo lema: que las personas condenadas por corrupción u otros delitos graves no puedan ser candidatas a cargos públicos. En la Cámara de Diputados, ingresaron proyectos la santafesina Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas, y la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires). El texto de Scaglia tiene entre sus adhesiones la de la schiarettista Carolina Basualdo. En el Senado, donde se frustró la ley el año pasado, empuja la ley el bloque PRO, comandado por el misionero Martín Goerling. El tema, hasta el momento, no está en la agenda de La Libertad Avanza. Aunque en el oficialismo lo negaron, nunca se disipó la sospecha de que el gobierno de Javier Milei movió fichas para enterrar la Ficha Limpia en la Cámara alta. El proyecto era apalancado por la macrista Silvia Lospennato, por entonces rival de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires, y no fue convertido en ley por un solo voto: salió 36 a 35. Los responsables de la caída de la Ficha Limpia fueron los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, bajo órdenes del mandamás de la provincia, Carlos Rovira, quien maneja la gestión en las sombras. A último momento, los dos senadores votaron en contra y huyeron del recinto, sin dar explicaciones, en un clima de shock político. Con el resultado negativo, el proyecto quedó inhabilitado para tratarse en 2025, según manda la Constitución Nacional. Pero esa barrera se levantó en 2026, por lo que se abrió una nueva oportunidad. Además, los defensores de la ley buscan aprovechar que este un año no electoral para dar un debate que no esté contaminado por la campaña. Scaglia buscó hacer punta con su proyecto después de que Santa Fe incorporara la Ficha Limpia a su Constitución en septiembre pasado. “En Santa Fe lo hicimos. Primero lo sancionamos como ley y después lo incorporamos a la Constitución Provincial como política de Estado. Eso demuestra que se puede. Ahora le toca a la Argentina”, resaltó. El objetivo es impedir que personas condenadas por delitos graves puedan acceder a cargos electivos nacionales. No se limita solo a los delitos de corrupción, sino que amplía la prohibición a los delitos de terrorismo, trata de personas, narcotráfico, secuestro extorsivo, delitos contra la integridad sexual, homicidios y delitos contra el orden constitucional. Otra novedad es que incluye a las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. “Quien no cumple con el deber esencial de garantizar la subsistencia de sus hijos, difícilmente pueda ser considerado idóneo para asumir responsabilidades públicas que impliquen la toma de decisiones en beneficio del conjunto de la sociedad”, sostuvo Scaglia. La inhabilitación rige cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aun sin sentencia firme, y se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después. La Justicia Electoral verificará estos requisitos al momento de oficializar candidaturas, y el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley. Los proyectos de Banfi en Diputados, y del PRO en el Senado, son similares al de Scaglia: también amplían el alcance de la Ficha Limpia a otros delitos que no son solo los de corrupción, y no exigen sentencia firme como requisito para inhabilitar a candidatos, como propuso el kirchnerismo en la última edición del debate. “Algunos sostienen que inhabilitar a un candidato que no tiene sentencia firme afectaría el principio de presunción de inocencia del que goza todo habitante mientras es sometido a proceso. Pues si bien existe tal afectación, la misma es constitucionalmente válida y socialmente necesaria”, sostuvo Banfi, cuyo proyecto va en espejo con otro de la senadora radical Carolina Losada. El PRO, en tanto, animó a sancionar la ley con la nueva composición del Senado. “Confiamos en que esta vez el Senado acompañe esta demanda y no vuelva a quedar sujeta a la defensa de privilegios ni a decisiones de último momento. El Estado no es refugio”, expresó el bloque integrado por Goerling, la chubutense Andrea Cristina y la pampeana María Victoria Huala. Hay otros proyectos anteriores que siguen vigentes y avanzan en la misma sintonía, con la salvedad de uno en particular, de Marcela Pagano (Coherencia), que sube la apuesta y busca crear la “Ficha Limpia Psicológica”. Su objetivo es “establecer un régimen de controles periódicos, preventivos y sorpresivos sobre las condiciones mentales, cognitivas y físicas de los legisladores nacionales, a fin de garantizar el cumplimiento del deber de ética pública, el correcto desempeño de la función parlamentaria y la preservación de la confianza ciudadana en sus representantes”. Corresponsalía Buenos Aires. Después de varios intentos fallidos a lo largo de los años y un último y resonante fracaso en 2025, la ley de Ficha Limpia vuelve a estar en el tapete de la mano de tres nuevos proyectos presentados en los últimos días por legisladores de la oposición bajo un mismo lema: que las personas condenadas por corrupción u otros delitos graves no puedan ser candidatas a cargos públicos.