En las universidades públicas argentinas hay de todo, facultades y carreras que funcionan muy bien y otras muchas que no tanto, o para nada. Pero el sistema en su conjunto requiere reformas urgentes: para evitar que se dupliquen gastos ofreciendo carreras que se superponen en las mismas regiones o ciudades, combatir la deserción y el fracaso, que determinan que un porcentaje bajísimo de los estudiantes se gradúe, reducir los años de cursada a estándares internacionales, orientar mejor las currículas a las necesidades de la economía y las oportunidades de trabajo, evitar que las plantillas docentes se esclerosen y falten recursos donde hay muchos alumnos o sobren donde hay pocos, combatir las tradiciones feudales que permiten que muchos titulares no den clase y solo “supervisen”, reformar o al menos discutir mecanismos de ingreso, de becas y de financiamiento más acordes a las realidades de un país empobrecido, combatir el uso partidista y el faccionalismo ideológico en la conducción de las casas de estudio, compatibilizar la autonomía universitaria con controles públicos externos e independientes y con las prioridades políticas que legítimamente pueden fijar los gobiernos o el Parlamento, y muchos etcéteras. Pero las chances de que algo de esto siquiera se ponga en agenda ha disminuido en vez de aumentar en los últimos dos años.

Y la responsabilidad principal de esto no le cabe al espíritu conservador y defensivo que campea en las propias universidades, sino al presidente y su equipo. Ellos tuvieron la oportunidad de poner sobre la mesa al menos algunos de estos temas. Contaban con apoyo social para hacerlo, tanto dentro como fuera de los claustros.

Y la oportunidad ideal para avanzar: una coyuntura en que la gran mayoría de la sociedad reconocía que el sector público tenía que ajustar sus gastos y hacerlos más eficientes, rindiendo cuentas de los resultados alcanzados en cada sector. Incluso en un principio desde el Ejecutivo se insinuó que podría incluirse el asunto en su menú de reformas, cuando se planteó la necesidad de hacer una auditoría externa y general de cómo se venían gastando los recursos de la enseñanza superior y supeditar la discusión de los presupuestos a las evidencias que arrojara esa revisión. Pero ese planteo estuvo acompañado, y al poco tiempo quedó por completo opacado por un juicio mucho más ideológico, cerrado y en última instancia absurdo sobre el problema universitario: la idea del presidente de que el Estado no tiene por qué ocuparse de la educación superior, que todas las universidades públicas existentes son antros de adoctrinamiento, de reproducción de la vieja política y de ideas “socializantes”, y por tanto lo mejor que puede pasar es que desaparezcan.

Estos planteos arrojaron dos resultados nefastos para el reformismo, para los votantes que depositaron esperanzas en él, y finalmente para el propio presidente. En primer lugar, los jóvenes universitarios, que mayoritariamente lo habían apoyado en 2023, se decepcionaron. Como indican muchos sondeos, ellos componen el sector en donde más mileistas arrepentidos hay hoy en día, incluso por encima de los jubilados, o los trabajadores formales, también muy afectados por los ajustes.

Y por tanto el reformismo perdió presencia en las casas de estudio. Y en segundo lugar, la oposición de todos los colores e intensidades se coordinó para formar una supermayoría “en defensa de la educación pública y las universidades”, que consagró por ley la protección del presupuesto para el sector, sin ninguna exigencia de rendición de cuentas, de reforma o de mejora en ningún aspecto. Como expresó muy sinceramente un alto funcionario universitario por aquellos días, con esa votación supermayoritaria la corporación superó a la Iglesia católica, a los gremios y a la misma AFA como vaca sagrada e intocable, depositaria de un amplísimo consenso social que la habría de blindar, ahora y tal vez por mucho tiempo, de cualquier crítica o intento de reforma.

El conservadurismo se anotó un espectacular triunfo. ¿Puede prosperar un reformismo endógeno en un sistema dotado de semejantes recursos de legitimidad y reproducción? Seguramente hay y seguirá habiendo rectores, decanos, docentes y estudiantes muy dedicados, que intenten mejorar en lo que puedan el sistema.

Pero la expectativa depositada en la autonomía universitaria como mecanismo para asegurar la auto reforma ya demostró sus límites hace mucho tiempo. Así que pase lo que pase con estas marchas y protestas, y con el presupuesto, si el gobierno nacional finalmente se ve forzado a ceder o sigue encontrando manganetas para no hacerlo, realmente no va a ser lo más importante. Lo fundamental será si se evita que la polarización reinante siga obligándonos a optar entre la lealtad corporativa o un antiestatismo obtuso.