La crisis institucional en el IUPA se profundizó tras los episodios ocurridos durante el primer intento de conformar el Consejo Superior el 30 de marzo. El conflicto ya no se limita al plano político interno, sino que escaló al ámbito judicial con múltiples denuncias, impugnaciones y presentaciones en distintos fueros. En el centro de la disputa aparecen dos ejes: por un lado, las denuncias penales impulsadas por el sector que responde al rector Gerardo Blanes; por otro, las denuncias y cuestionamientos al proceso electoral que sostienen gremios, docentes y estudiantes. Ambos caminos avanzan en paralelo, sin una resolución aún que ordene el escenario. El sector oficialista de Blanes lleva adelante 18 denuncias El abogado querellante Oscar Pineda, representante de Blanes y del sector oficialista del instituto, confirmó a Diario RÍO NEGRO la presentación de 18 denuncias individuales por los hechos registrados durante la jornada de tensión del 30 de marzo. Según explicó, las acusaciones incluyen delitos como “privación ilegítima de la libertad, coacción y amenazas agravadas”, en un contexto que también podría incorporar agravantes vinculados a violencia de género. Pineda sostuvo que las denuncias están respaldadas con material probatorio, entre ellos registros audiovisuales y mensajes, y anticipó que solicitarán nuevas medidas judiciales. “La instrucción es ir hasta las últimas consecuencias”, afirmó. El letrado indicó que la causa se encuentra en una etapa inicial y que el próximo paso será la formulación de cargos, instancia en la que se delimitarán responsabilidades y se expondrá la evidencia ante un juez de garantías. Impugnaciones y cuestionamientos al proceso electoral del IUPA En paralelo, el abogado de Sitraiupa, Federico Egea, indicó que existen al menos dos acciones activas que impugnan la elección desde su origen. “Hay dos presentaciones impugnando la validez del proceso que no están resueltas”, afirmó a este medio. Según explicó, los cuestionamientos apuntan al reglamento electoral y a la conformación del padrón. “Se incluyó a personas que no estaban en condiciones de votar”, sostuvo. En ese marco, detalló que una de las causas pasó por la justicia electoral provincial, fue remitida al fuero federal y luego volvió a provincia tras la declaración de incompetencia. Egea agregó que también se promovió una medida cautelar para frenar la constitución del Consejo Superior y que existen otras presentaciones en fueros contencioso administrativo y penal. En este último punto, confirmó que representantes gremiales impulsaron denuncias por violencia, amenazas y pedidos de protección vinculados a los hechos recientes. En la misma línea, la abogada que representa al gremio ADIUPA y estudiantes, Andrea Reile, explicó a través de un vídeo por redes sociales que las irregularidades comenzaron con el reglamento, al que consideraron contrario a la normativa y con plazos de impugnación “extremadamente reducidos”. También cuestionó la designación directa de la junta electoral y el manejo del padrón. Sobre la votación, afirmó que hubo exclusiones e inclusiones indebidas. “Había docentes que tendrían que haber votado y no pudieron, y personas que no podían votar y votaron”, señaló. A esto sumó la detección de votantes sin requisitos y otras inconsistencias que, según indicó, “vician el proceso desde el inicio”. Reile remarcó que todas estas presentaciones siguen sin tratamiento de fondo debido a un conflicto de competencia. “Ninguno de los dos Poderes Judiciales trató el problema”, explicó. En ese escenario, las impugnaciones continúan abiertas y sin una definición judicial sobre la validez del proceso electoral. Definiciones en la última asamblea interclaustro del IUPA La comunidad del IUPA se reunió en Asamblea Interclaustro con la participación de más de 200 estudiantes, docentes y no docentes. El encuentro expresó un rechazo generalizado a la designación de Gerardo Blanes como rector, a la que calificaron de ilegítima. “Lo que está en juego no es una disputa administrativa”, plantearon, y advirtieron que la situación pone en debate el funcionamiento democrático de la universidad, el cogobierno y el cumplimiento de su Estatuto. Por amplia mayoría, la Asamblea resolvió desconocer a Blanes y a las autoridades designadas, declarar la emergencia institucional y sostener un plan de lucha con actividades públicas, movilizaciones y acciones de visibilización en Roca y Neuquén. También exigieron la restitución de espacios institucionales, denunciaron restricciones en áreas como Accesibilidad y reclamaron la intervención de los poderes del Estado. “Cada día que pasa sin intervención es un día más en que se consolida un poder que no fue elegido”, señalaron, y ratificaron la continuidad del reclamo con respaldo mayoritario. La crisis institucional en el IUPA se profundizó tras los episodios ocurridos durante el primer intento de conformar el Consejo Superior el 30 de marzo. El conflicto ya no se limita al plano político interno, sino que escaló al ámbito judicial con múltiples denuncias, impugnaciones y presentaciones en distintos fueros.