El Congreso tenía en su agenda resolver uno de los capítulos pendientes de la deuda soberana argentina: autorizar al Ejecutivo a pagarle a dos fondos que desde hace años litigan contra el país en tribunales de Estados Unidos. Pero el proyecto no llegó a votarse. Una modificación de último momento introducida por el propio oficialismo generó resistencia en los bloques aliados, y la iniciativa volvió a comisión.

El plazo para cerrar el acuerdo vence el 31 de mayo, aunque se estima que se pedirá una nueva prórroga. El caso tiene sus raíces en el default de 2001. Las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP son tenedoras de títulos de deuda soberana argentina que el Estado dejó de pagar durante la crisis.

Cuando se abrieron los canjes de 2005, 2010 y 2016 para regularizar esa deuda, estos fondos se negaron a ingresar y optaron por litigar. Bainbridge obtuvo una sentencia favorable en 2020 por unos 96 millones de dólares; Attestor acumuló 16 sentencias entre 2020 y 2024 por alrededor de 266 millones. Para cobrar, ambos avanzaron sobre activos del Estado: Bainbridge apuntó a las acciones en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas; Attestor, a las de YPF.

El Ministerio de Economía llegó a un entendimiento que implica una quita superior al 30% sobre los montos reclamados. Si el Congreso lo aprueba, el Estado pagaría 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones a Attestor, totalizando 171 millones. A cambio, los fondos cancelarían sus litigios y liberarían los activos bajo amenaza de embargo.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión del Senado firmaron un dictamen de mayoría a fines de abril. El plazo original era el 30 de abril, pero el procurador del Tesoro informó una prórroga hasta el 31 de mayo, lo que daba margen para que el Senado votara el jueves 15 y Diputados lo convirtiera en ley el 20 de mayo. Sin embargo, al inicio de la sesión el senador oficialista Agustín Monteverde pidió que el proyecto volviera a comisión.

El motivo: el Ministerio de Economía había enviado una adenda con cambios al acuerdo sin comunicársela con anticipación a los bloques aliados. Los opositores se negaron a votar sin conocer las modificaciones. Desde el oficialismo circuló otra versión: que la vuelta a comisión se debió a un error tipográfico en el nombre de uno de los holdouts.

El proyecto deberá volver a comisión para obtener un nuevo dictamen con las modificaciones incorporadas. El margen es estrecho: si el plazo del 31 de mayo no se extiende, la ley debería sancionarse en ambas cámaras antes de esa fecha, un esquema que por ahora no se ve como viable. El oficialismo sostiene que los votos para aprobarla siguen estando y que el tropiezo fue de forma, no de fondo.