De acuerdo a lo expuesto por Wiñazki, los inmuebles habrían sido adquiridos a través de dos sociedades constituidas en ese país, Genova LLC y Waki LLC, que estarían vinculadas al funcionario. La presentación judicial también menciona cuentas bancarias en el exterior que no habrían sido declaradas. Los departamentos mantienen un valor cercano a los US$200.000 cada uno.

La obligación de declarar La Ley de Ética Pública establece que los funcionarios deben presentar anualmente una declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en la que deben incluir todos sus bienes, tanto en el país como en el exterior, así como su participación en sociedades. El incumplimiento de esta obligación, mediante la omisión de bienes, puede constituir el delito de omisión maliciosa, que prevé penas de hasta dos años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.