La ola de extorsiones que golpea a diversos sectores en Lima Metropolitana ha llegado al sistema educativo estatal, forzando la suspensión de clases presenciales en la institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario, ubicada en el distrito de San Martín de Porres (SMP). La medida fue adoptada luego de que directivos y personal del colegio recibieran amenazas por parte de extorsionadores que exigían el pago de 10.000 soles bajo amenaza de represalias, según confirmó la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). Las autoridades educativas informaron al noticiero Buenos Días Perú que la extorsión fue realizada a través de mensajes de WhatsApp dirigidos a la directora, subdirectoras y personal de servicio del colegio, quienes fueron presionados para entregar el monto solicitado utilizando fondos destinados al mantenimiento del local y eventuales ingresos por alquiler de servicios.

Ante la gravedad de la amenaza, se suspendieron las clases presenciales y la enseñanza se trasladó al formato virtual por un periodo de dos semanas, en un intento por salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y familias. Esta situación refleja el impacto directo de la inseguridad y el crimen organizado en el acceso a la educación pública en Lima. De acuerdo con la DRELM, la suspensión de clases presenciales en el colegio Almirante Miguel Grau Seminario afecta a cientos de estudiantes y pone en evidencia las dificultades para garantizar un retorno seguro a las aulas en el contexto de una escalada de violencia que no distingue entre sectores privados y estatales.

Medidas de emergencia y respuestas institucionales El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, detalló que se ha activado un plan integral de seguridad escolar en coordinación con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional (PNP) y las municipalidades distritales. Entre las acciones implementadas se incluyen la instalación de cámaras de videovigilancia interconectadas con la central policial 105, la dotación de botones de pánico a directores y subdirectores y la elaboración de un mapa de riesgo geolocalizado que permite identificar y monitorear las instituciones educativas más expuestas a amenazas delictivas. Tupayachi explicó que, desde el año pasado, el plan de seguridad escolar contempla la conformación de brigadas de autoprotección, patrullas juveniles y un trabajo articulado con promotores de seguridad asignados a cada comisaría.

No obstante, admitió que la respuesta operativa inmediata ante denuncias de extorsión sigue siendo insuficiente, especialmente en zonas donde la presencia policial es limitada y la capacidad de reacción es superada por la frecuencia de los ataques. Limitaciones y desafíos para el retorno seguro a clases A pesar de las acciones adoptadas, las autoridades educativas reconocen que las medidas tecnológicas, como cámaras y botones de pánico, no sustituyen la necesidad de garantizar presencia policial efectiva en los alrededores de los colegios. La ausencia de serenazgo y patrullaje policial en el entorno del colegio afectado ha generado preocupación entre padres y docentes, quienes advierten que el miedo y la incertidumbre dificultan tanto la labor pedagógica como el aprendizaje de los estudiantes.

El director regional subrayó la importancia de trabajar la dimensión socioemocional como parte de la estrategia de retorno seguro, dado que el clima de violencia y amenaza afecta la confianza y el bienestar de la comunidad educativa. Mientras se coordina el regreso a la presencialidad, la DRELM se reunirá con padres de familia y personal docente para fortalecer los protocolos de prevención y protección, en un contexto donde la extorsión amenaza la continuidad del derecho a la educación. El caso del colegio Almirante Miguel Grau Seminario no es aislado.

Según la DRELM, en los últimos meses otras instituciones educativas estatales en Lima han reportado incidentes similares, que van desde amenazas directas hasta exigencias de pago por parte de bandas dedicadas a la extorsión. Estas situaciones ponen de manifiesto la creciente vulnerabilidad del sector educativo frente al crimen organizado y la necesidad de una respuesta multisectorial que priorice la prevención, la seguridad y la restauración del acceso pleno a la educación pública.