El exdiputado nacional de la UCR, Julio Cobos, cuestionó el proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, más conocida como ley de etiquetado frontal. El dirigente radical, uno de los impulsores de la ley sancionada en 2021, defendió la normativa y apuntó contra el “lobby empresarial” de la industria alimenticia. El exdiputado nacional de la UCR, Julio Cobos, cuestionó el proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, más conocida como ley de etiquetado frontal.

Cobos, quien fue uno de los impulsores de la normativa sancionada en 2021 junto a la senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que la iniciativa oficial “no tiene fundamento científico” y consideró que responde a presiones de sectores empresariales vinculados a la industria alimenticia. El Gobierno libertario remitió al Senado un proyecto que propone eliminar por completo la ley vigente. El texto lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.

La normativa actual obliga a que alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías exhiban sellos negros de advertencia en sus envases. También establece restricciones a la publicidad dirigida a niños y limita la comercialización de productos con sellos en escuelas. “Pareciera que la política de salud y la educación, que son responsabilidades esenciales del Estado, no están en el radar del Gobierno nacional”, afirmó Cobos en declaraciones a Los Andes. El dirigente radical vinculó el proyecto con otras medidas adoptadas por la administración nacional en materia sanitaria, como la salida de la Organización Mundial de la Salud y los recortes presupuestarios en programas de salud.

Cobos defendió la ley sancionada en 2021 y remarcó que se trató de una iniciativa que demandó “alrededor de cinco años de discusión”. Según sostuvo, la norma buscó funcionar como una herramienta de defensa al consumidor y de prevención sanitaria. “La salud comienza por la nutrición, por lo que comemos”, señaló el exvicepresidente, al advertir sobre los índices de sobrepeso y obesidad en Argentina y el aumento de enfermedades no transmisibles. En esa línea, cuestionó los argumentos incluidos en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. “Lo único que puedo ver en el texto elevado son frases armadas por las cámaras empresariales”, afirmó.

No obstante, Cobos aclaró que considera que la ley “es perfectible” y que puede ser modificada. “Bienvenida toda discusión para mejorarla y perfeccionarla”, expresó, aunque rechazó una derogación total de la normativa. También consideró que el Gobierno podría estar vinculando la caída del consumo con la existencia del etiquetado frontal. “Pareciera que la caída del consumo se debe a la ley de etiquetado y no a la pérdida del poder adquisitivo”, sostuvo. En el mensaje enviado al Congreso, el Ejecutivo argumentó que el esquema actual presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”.

Entre los principales fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que: Además, el texto plantea que la ley vigente genera sobrecostos en materia de producción, comercialización y empaquetado de alimentos, y sostiene que la derogación permitiría avanzar hacia un sistema “más preciso, contextualizado y técnicamente consistente”. El proyecto propone directamente derogar la Ley 27.642 y establece que la medida entraría en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial. Antes de avanzar con la derogación total de la ley, el Gobierno nacional ya había introducido modificaciones a través de disposiciones de la ANMAT durante 2024.

Entre otros cambios, se resolvió que el cálculo de los nutrientes críticos debía realizarse únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración y no sobre aquellos intrínsecos de los alimentos. Si bien la normativa continuó tomando como referencia los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las modificaciones flexibilizaron algunos criterios técnicos de aplicación del etiquetado frontal. En sus declaraciones, Cobos también hizo referencia a la reducción de partidas nacionales destinadas a Salud en Mendoza.

El ministro de la cartera sanitaria provincial, Rodolfo Montero, reconoció recientemente que la cartera dejó de recibir alrededor de $400 millones mensuales enviados por Nación para programas sanitarios y provisión de medicamentos. Según explicó el funcionario, esos recortes comenzaron a impactar en programas vinculados a salud reproductiva, HIV y provisión de inmunosupresores para pacientes trasplantados, gastos que pasaron a ser cubiertos por el Gobierno de Alfredo Cornejo. Montero indicó además que la provincia avanzó con importación de medicamentos y mecanismos para recuperar costos de prestaciones realizadas por el sistema público a afiliados de obras sociales.