El sistema de salud privado volvió a encender las alarmas operativas y financieras en todo el país, como ya lo hizo en distintos meses de este 2026. A través de un pedido conjunto firmado por las principales cámaras del sector y secundado por 30 entidades provinciales, clínicas, sanatorios y hospitales prestadores solicitaron formalmente una audiencia de carácter urgente ante las autoridades del Gobierno nacional. Sobre todo, con aquellos funcionarios que tienen relevancia y poder de decisión en el PAMI, que depende del ministerio de Salud de Mario Lugones. El eje central del reclamo pasa por lo que consideran un desfasaje entre los aranceles prestacionales congelados o desactualizados y la escalada de costos de insumos, medicamentos y equipamiento. En el pedido, al que accedió PERFIL, existe un especial énfasis en el impacto que esta brecha genera sobre las prestaciones otorgadas a los afiliados de la obra social de los adultos mayores. Con el riesgo de cierres de instituciones inclusive. En la presentación, los representantes del sector privado remarcaron la “densidad estructural” que representan dentro de la red asistencial nacional: actualmente concentran el 51% de los establecimientos con capacidad de internación y el 56% del total de las camas disponibles en la Argentina. Además de emplear en forma directa e indirecta a más de 330.000 profesionales y trabajadores de la salud. “Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el Gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos”, sostuvieron los dirigentes a través del comunicado conjunto, alertando que un eventual fin de las actividades clínicas privadas derivaría en una saturación inmediata e irreversible de las guardias y hospitales de la red pública. La solicitud lleva la firma de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (ACAMI), CAPRESS, la Confederación Médica de la República Argentina (CONFECLISA), FECLIBA y SALUD FEDERAL, a las que se sumaron tres decenas de agrupaciones federales. Con esta convocatoria, los empresarios e instituciones de la salud buscan abrir una mesa de negociación técnica con Lugones que permita fijar mecanismos de actualización de aranceles, alivio fiscal o esquemas de financiamiento extraordinario para evitar la interrupción de prestaciones médicas y la pérdida de puestos de trabajo en el sector. Los pedidos no son nuevos y generaron cruces entre los sectores a lo largo de todo este año. Hay fuentes libertarias que apuntaron, una vez más, a un nombre detrás de la falta de resolución de los reclamos. Es el del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el que decide sobre la suerte de los partidas presupuestarias. Y que prometió fondos para actualizar los valores de prestaciones reclamadas y calmar aguas turbulentas. Pero dicha situación no fue parte de la realidad y generó que el problema escale, sobre todo en el interior del país con diversas acciones de protesta de parte de profesionales.