Soy propietario de un departamento en un edificio de la Ciudad de Mendoza. Hace cinco meses, las raíces de un árbol público dañaron la cañería cloacal del edificio. Hicimos lo que corresponde: comprobamos el daño, reunimos los fondos necesarios, contratamos un profesional para la reparación, y solicitamos la autorización municipal para proceder.

La ley es clara: los árboles de la vía pública son propiedad y responsabilidad del municipio. Los daños que causan son obligación del Estado reparar. No es una opinión, es el marco legal vigente.

Mientras el expediente duerme en algún escritorio, los propietarios vivimos con la incertidumbre de costos que crecen con el tiempo y la ansiedad de no saber cuándo podremos resolver algo que ya debería estar resuelto. Cuando finalmente se autorice la obra, la reparación en una arteria tan transitada como la intersección de Espejo y 9 de Julio reducirá la circulación a una sola línea de paso — con el consecuente caos vehicular y el costo del personal de policía de tránsito que nadie presupuesta ni pública. No escribo esto como denuncia personal sino como pregunta: ¿cuántos edificios y vecinos de Mendoza están en la misma situación?

¿Cuántos expedientes duermen esperando una autorización mientras el tiempo hace su trabajo silencioso? La Ciudad de Mendoza se enorgullece — con razón — de su arbolado público. Ese orgullo debería incluir la responsabilidad plena por las consecuencias de ese patrimonio.

Un árbol hermoso que destruye una cañería cloacal y no recibe respuesta durante cinco meses no es un problema del vecino. Es un problema del Estado. * Alejandro Isgut. Propietario Ciudad de Mendoza.