La Cámara Federal de Casación Penal le dio el golpe de gracia al patrimonio de los condenados por la causa Vialidad. La Sala IV rechazó los últimos planteos defensivos, ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022 y ordenó ejecutar el decomiso de 111 propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y al empresario Lázaro Báez. El objetivo judicial es resarcir de manera efectiva al Estado nacional por el fraude de la obra pública santacruceña, estimado en $685.000 millones.

El fallo detalló con precisión el origen de los inmuebles que pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para su administración y eventual venta. La Justicia decomisó 84 propiedades a nombre de Báez, 19 que fueron transferidas a Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo “Hotel Los Sauces. Siete distribuidas entre las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto.

Una sola es de la ex presidenta, un terreno en el Calafate de más de 6000 metros cuadrados adquirido en 2007. Los abogados de la ex mandataria intentaron frenar la medida. Argumentaron que varios bienes de los hijos fueron heredados de Néstor Kirchner o cedidos antes de la investigación.

En la misma línea, la defensa de Báez exigió pruebas sobre el vínculo exacto entre las propiedades y el dinero del delito. Sin embargo, el tribunal desestimó de cuajo estos argumentos y consideró que exigir una reconstrucción contable perfecta resulta irracional y vaciaría de contenido la pena. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña conformaron el voto mayoritario y explicaron que, frente a casos de criminalidad económica organizada, alcanza con probar una coincidencia temporal y económica razonable.

Por su parte, el magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia parcial y propuso anular el decomiso exclusivamente sobre los 19 bienes heredados por los hijos, pero su postura minoritaria no prosperó en la resolución final. Esta decisión cerró el último capítulo patrimonial pendiente del expediente, luego de que la Corte Suprema confirmara las sentencias en junio del año pasado y habilitara así la ejecución de las penas. El decomiso era la única pieza suelta en el engranaje.

El plazo legal para que los condenados respondieran venció en agosto de 2025, pero la ejecución de los bienes quedó en suspenso por la catarata de apelaciones presentadas. Con esta nueva firma, Casación despejó definitivamente el camino para recuperar los activos. En sus fundamentos, la Cámara destacó que esta medida busca neutralizar los beneficios económicos generados a través de la corrupción.

Los jueces señalaron que el dinero robado al Estado se transformó y se mezcló con activos lícitos con el paso de los años, por lo que resulta materialmente imposible trazar una línea directa y exhaustiva hacia cada propiedad adquirida por la familia Kirchner o el grupo empresario. Ahora, la totalidad de los 111 inmuebles quedará bajo custodia y administración del máximo tribunal del país. La Justicia podría avanzar contra el patrimonio de los demás condenados -el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich- si estos bienes resultaran insuficientes para cubrir el monto total.

Este proceso de recuperación forma parte del marco normativo para delitos contra la administración pública, y marca un punto de no retorno para las defensas: no cuentan con recursos ordinarios disponibles para evitar el desprendimiento de las millonarias propiedades. Actualmente, Cristina cumple su pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución. Por la causa Vialidad, la expresidenta cumple de manera domiciliaria una condena de seis años de prisión.

Según el fallo, se constató un esquema de corrupción con constantes contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes. La medida incluye Los Sauces y propiedades en El Calafate El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal alcanza a bienes vinculados a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL.

También inmuebles que fueron cedidos a los hijos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Figura además una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, en Avenida 17 de Octubre al 800. Se sumó al patrimonio familiar en 2007 y tiene una superficie de unos seis mil metros cuadrados.

Los jueces incluyeron diez unidades situadas en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos. Esas propiedades habían sido transferidas a Máximo y Florencia en 2007. Hay otra vivienda de Río Gallegos, en la calle 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010.

Y otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006. Los bienes incluyen terrenos en El Calafate, dentro del Departamento III Lago Argentino. Son parcelas compradas en 2007 y 2008, junto con el lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces.

Esa propiedad es parte de otra causa judicial que investiga a la exmandataria. El lote fue adquirido en 2002 para construir un complejo hotelero. Finalmente se sumaron bienes adquiridos en 2007: uno de 44 mil metros metros cuadrados y otra de 87 mil metros cuadrados.

A Lázaro Báez le decomisarán 84 propiedades. La más destacada, la Chacra 39 de Río Gallegos donde solía reunirse con el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Se estima que ese inmueble tiene un valor de casi 48 millones de pesos.

Hay además otras casas y departamentos del empresario en Río Gallegos y en El Calafate.