La confirmación del decomiso para ejecutar 20 bienes de Cristina Kirchner en la causa Vialidad por parte de la Cámara Federal de Casación Penal aún no está firme. Sin embargo, la ex presidenta difícilmente pueda frenar su ejecución, según dos altas fuentes judiciales. La defensa de Cristina presentará en los próximos días un recurso extraordinario ante la propia Casación para llegar a la Corte Suprema, la última instancia disponible.

Pero en los tribunales descuentan que la Sala IV -con los votos de Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, y la disidencia parcial de Mariano Borinsky- lo rechazará. En ese caso, solo quedará la vía del recurso de queja. Ese camino tiene una limitación clave: por doctrina de Casación, no se suspende la ejecución de medidas como el decomiso, mientras la Corte analiza el caso.

Es decir, el proceso podría avanzar igual. La Corte dará un tratamiento rápido En el máximo tribunal, además, el panorama tampoco aparece favorable. Los mismos jueces que en 2023 fueron objeto de un intento de juicio político por parte del kirchnerismo podrían darle al caso un tratamiento prioritario.

Y hay antecedentes recientes: tanto la condena del ex vicepresidente Amado Boudou como la propia sentencia en Vialidad fueron confirmadas mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, sin desarrollar fundamentos extensos. No se descarta un desenlace similar. El fallo de Casación también fijó un criterio de fuerte impacto: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados.

La definición alcanza de lleno a la estrategia patrimonial que Cristina Kirchner adoptó en 2016, cuando realizó una cesión anticipada de bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y al fideicomiso Néstor Kirchner. Aunque sus hijos no fueron condenados, durante el juicio se expusieron elementos sobre su eventual participación. Para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, aquella maniobra constituyó una insolvencia fraudulenta destinada a evitar la devolución del dinero al Estado, una interpretación que quedó reflejada especialmente en el voto de Hornos.

Frente al argumento de la defensa -que sostiene que varios bienes no tienen vínculo directo con las irregularidades en la obra pública-, el tribunal respondió con un principio del derecho a la luz de los tratados internacionales sobre la lucha contra la corrupción: la transferencia no borra el origen ilícito ni impide su recuperación, porque nadie puede transmitir un derecho que posee. La causa Vialidad es considerada uno de los mayores casos de corrupción de la historia argentina. Según la acusación, implicó una maniobra sistemática que comprometió unos 46 mil millones de pesos en 51 obras públicas viales adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Parte de esos fondos, sostuvieron los fiscales, retornó al entorno de los Kirchner a través del alquiler de hoteles y otras operaciones. El decomiso apunta justamente a revertir ese circuito: no solo sancionar penalmente, sino recuperar activos para el Estado. En esa línea, la Justicia sostiene que los delitos contra la administración pública no pueden generar beneficios económicos duraderos ni consolidarse en el patrimonio de los condenados o de terceros.

La segunda etapa de decomisos En una segunda etapa, la fiscalía buscará ampliar el alcance de las ejecuciones. Apuntará, entre otros activos, al departamento de la calle San José 1111, al complejo Alto Calafate y a otros bienes que no integraron esta primera lista, hasta completar -junto con los activos de Báez y otros condenados- el monto actualizado de unos 685 mil millones de pesos. Por lo pronto, propiedades como el hotel Los Sauces y departamentos en El Calafate y Río Gallegos podrían quedar bajo la órbita de la Corte, que deberá definir su destino final: subasta o asignación a fines sociales.

En paralelo, en Comodoro Py circulan interpretaciones políticas sobre el voto de Borinsky -quien en minoría ya se había pronunciado por retirarle la tobillera electrónica a Cristina-, vinculándolo con eventuales aspiraciones a la Procuración General. Sin embargo, cualquier designación de ese nivel o en la Corte depende de un acuerdo político que hoy parece lejano: requiere el aval de dos tercios del Senado y negociaciones con las provincias por las deudas de la Nación. Inquietud por 300 ternas de jueces El trasfondo judicial, de todos modos, está atravesado por otra tensión: la acumulación de nombramientos pendientes.

El Gobierno envió al Senado 102 pliegos para jueces, fiscales y defensores, mientras el Consejo de la Magistratura elevó cerca de 200 ternas adicionales. En total, unos 900 candidatos esperan definición, en un contexto en el que las vacantes rozan el 30% del sistema judicial. A eso se suma una interna en la Corte por el nuevo reglamento de selección de magistrados, que generó diferencias entre su presidente, Horacio Rosatti, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz.

Aunque coinciden en lo general, hay objeciones a dos puntos sensibles: la incorporación de universidades privadas en la representación académica y los criterios de equidad de género. Sin cambios legales, advierten cerca de Rosatti, el proyecto no avanzará. Sobre la firma