Diez legisladores de Vamos con Todos y Cambia Río Negro denunciaron a cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante la Sala Acusadora de Juicio Político por presunto “mal desempeño”. Solicitaron que se investigue si sus decisiones comprometieron “la independencia judicial” y la “participación democrática”. La presentación tiene como eje la intervención del STJ en la megacausa Techo Digno, en particular la sentencia que anuló el fallo del Tribunal de Impugnación que había confirmado la absolución del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso. El máximo tribunal ordenó que otra integración analice si los hechos podían encuadrarse como malversación de caudales públicos. La audiencia para tratar esa calificación está prevista para este lunes. La nueva integración del Tribunal de Impugnación estará conformada por los jueces Marcelo Chironi, Emilio Stadler y Florencia Carusso Martín. La denuncia sostiene que existió una “posible utilización” del máximo tribunal provincial para “intervenir indebidamente en la vida democrática de los partidos políticos y en las condiciones de participación de sus dirigentes”. Los legisladores extienden sus cuestionamientos a las actuaciones judiciales en las causas de Techo Digno que involucran a los exintendentes de Bariloche María Eugenia Martini y Gennuso. La semana pasada, el STJ convocó a una audiencia para el 12 de noviembre, con el propósito de analizar la absolución de Martini. Los cuestionamientos están dirigidos contra las juezas Liliana Piccinini y María Cecilia Criado, y los jueces Sergio Ceci y Ricardo Apcarian. Sergio Barotto no está incluido en la denuncia. Los firmantes son José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao, de Vamos con Todos; y Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti, de Cambia Río Negro. Marcela González Abdala, integrante de este último bloque, no suscribió el escrito. Cambia Río Negro está alineado políticamente con el diputado nacional Aníbal Tortoriello, también investigado en la megacausa Techo Digno por su gestión al frente de la Municipalidad de Cipolletti. En actuaciones separadas, los legisladores denunciaron al juez del Tribunal de Impugnación Adrián Zimmermann, quien intervino como subrogante en la resolución del caso Gennuso, y al jefe de los fiscales, Hernán Trejo. Argumentos de la denuncia El escrito, de 26 páginas, advierte que la “posible utilización de procesos penales para perjudicar deliberadamente a dirigentes políticos” podría comprometer el pluralismo, aun cuando las actuaciones correspondan al ámbito penal. Como antecedente, los legisladores incorporaron la controversia electoral de 2019 por la candidatura a la reelección consecutiva del entonces gobernador Alberto Weretilneck. Sostienen que el STJ “incidió directamente sobre la competencia electoral” al habilitar su postulación, una decisión que luego fue revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, ese antecedente tiene una relación limitada con los cuatro vocales denunciados. De los jueces del STJ que actualmente integran el tribunal, solo Piccinini participó en aquel fallo. Barotto, otro de los firmantes de la sentencia de 2019, no está incluido en la acusación, mientras que Apcarian se había apartado de esa causa. El principal cuestionamiento se dirige a la sentencia que ordenó revisar la posible calificación de los hechos atribuidos a Gennuso como malversación de caudales públicos. Los legisladores sostienen que la Fiscalía había delimitado la acusación al delito de peculado y que la eventual malversación requería examinar otros aspectos de la conducta, con consecuencias para el ejercicio del derecho de defensa. La denuncia también objeta que el STJ haya postergado el tratamiento del planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa. Además, pide esclarecer por qué el pronunciamiento se dictó el 6 de octubre, cuando su lectura había sido anunciada para el 5 de noviembre, y examinar el pedido de audiencia urgente que presentó la Fiscalía después de la resolución. Otro de los antecedentes incorporados es el caso Luján, una causa por homicidio en la que se discutió la recusación de Piccinini porque su hija, Georgina Amaro, intervenía como fiscal adjunta. La presentación pide analizar la imparcialidad objetiva de la magistrada, aunque reconoce que el vínculo familiar, por sí solo, no demuestra parcialidad. Finalmente, los legisladores solicitaron que la Sala Acusadora analice los hechos, disponga las medidas de investigación correspondientes y determine si existen responsabilidades individuales que justifiquen avanzar con un juicio político. Diez legisladores de Vamos con Todos y Cambia Río Negro denunciaron a cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante la Sala Acusadora de Juicio Político por presunto “mal desempeño”. Solicitaron que se investigue si sus decisiones comprometieron “la independencia judicial” y la “participación democrática”.