En el marco de la causa Seguros, el expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, se presentó a declarar como testigo a pedido de Alberto Fernández. El exmandatario está bajo investigación por presuntas negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, tras la firma del decreto 823/2021 que obligaba a los organismos estatales a contratar pólizas con Nación Seguros. Durante su declaración, Pesce respondió a las preguntas de la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, y defendió la necesidad del decreto.

Según explicó, la medida buscaba “ahorrar recursos públicos” en un contexto de fuerte caída del PBI y de la recaudación, producto del impacto de la pandemia. “Se potencia la razonabilidad del decreto para resguardar las divisas”, dijo Pesce. En esa línea, justificó la contratación estatal y habló de los riesgos del mercado de seguros. El extitular del Central remarcó que el Estado Nacional “seguramente se sentía más seguro contratando con Nación Seguros que con privados para evitar reaseguros innecesarios con el exterior”.

La defensa de Fernández pidió la testimonial de Pesce para intentar demostrar que el decreto formó parte de una política que benefició al Estado. Además, solicitó que también declare como testigo el exministro de Economía, Martín Guzmán, quien estuvo en el cargo entre 2019 y julio de 2022. Cómo sigue la causa En paralelo, el juez federal Ariel Lijo suspendió la declaración de Santiago Cafiero, que estaba prevista para la próxima semana.

La decisión se tomó a pedido del fiscal Carlos Rívolo, quien consideró necesario evaluar primero las presuntas vinculaciones de Cafiero con la contratación de seguros cuando era Canciller. El magistrado entendió que, ante la posibilidad de citarlo como imputado, debía postergar la testimonial, que se realiza bajo juramento de decir verdad. Días atrás, la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para el expresidente Alberto Fernández.

Para los jueces, todavía deben realizarse nuevas medidas de prueba antes de definir si corresponde procesarlo nuevamente o desvincularlo de la investigación. Con esta decisión, el expediente volvió al juzgado de Lijo que deberá analizar todas las medidas de pruebas solicitadas por el exmandatario. La investigación se originó a partir del decreto 823/2021, firmado durante el gobierno de Fernández, que obligó a organismos y ministerios nacionales a contratar sus pólizas a través de Nación Seguros.

Según la acusación judicial, ese esquema abrió la puerta a un sistema de intermediación en el que participaron brokers privados que cobraron millonarias comisiones. De acuerdo con el expediente, se celebraron 45 contratos con intervención de 25 intermediarios. La Justicia puso el foco especialmente sobre Héctor Martínez Sosa, quien concentró casi el 60% de las comisiones liquidadas en operaciones vinculadas al Estado.

Martínez Sosa es amigo del expresidente y esposo de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández. Para los investigadores, ese vínculo fue uno de los elementos centrales para sostener las sospechas de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.