En el avance de la causa ANDIS, los propietarios de la droguería Suizo Argentina realizaron un pedido formal ante la Justicia solicitando un peritaje tecnológico que determine si los audios que desataron el escándalo fueron creados mediante Inteligencia Artificial (IA). La defensa de Jonathan y Eduardo Kovalivker acompaña las medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo, quien le ordenó que la Gendarmería analizar las grabaciones difundidas por un canal de streaming, en las que se mencionaba el cobro de presuntas coimas del 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo. La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, realizó un planteo similar al de los empresarios farmacéuticos y el abogado del exfuncionario, Mauricio D'Alessandro, aseguró que los registros son falsos, realizados a partir de un montaje malicioso para direccionar la causa.

La defensa del exdirector de la ANDIS sumó también un informe privado realizado en España que señala un 65% de probabilidades de manipulación digital en el contenido que compromete a varias personas, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En lo que respecta al nuevo pedido de la defensa de los empresarios farmacéuticos, los peritos pondrán el foco del análisis en aumentar la precisión de los algoritmos de clonación de voz y edición por IA, para así impugnar la validez legal de las grabaciones y provocar la caída del expediente. Según surge de las denuncias incorporadas al expediente, el esquema investigado consistiría en el cobro de porcentajes sobre contrataciones y compras de medicamentos gestionadas desde la ANDIS haciendo referencia a varios funcionarios como la hermana del presidente y el asesor parlamentario Eduardo "Lule" Menem.

Los polémicos audios derivaron en denuncias penales, pedidos de investigación y una fuerte controversia política. Los involucrados rechazaron las acusaciones y desde el oficialismo se denunció la existencia de una operación política destinada a perjudicar al Gobierno. En lo que respecta a la droguería Suizo Argentina y a sus directivos, los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker fueron mencionados en distintas actuaciones judiciales y en las propias grabaciones difundidas públicamente, presuntamente vinculados a la eventual existencia de sobreprecios, intermediaciones irregulares y pagos indebidos vinculados con la provisión de medicamentos para personas con discapacidad.

El expediente surgió a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien solicitó que se investigaran posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, administración fraudulenta y violaciones a la Ley de Ética Pública. Posteriormente, el fiscal Franco Picardi impulsó diversas medidas orientadas a determinar si existió una organización destinada a direccionar contrataciones estatales y obtener beneficios económicos ilegales. AS.

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