La Justicia inició la investigación de transferencia de dinero proveniente del Gobierno de Santiago del Estero hacia empresas vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Según el dictamen del fiscal federal Pedro Simón, en los últimos dos años se transfirieron más de $1200 millones a la firma Segon SRL. La empresa fue beneficiada con contratos públicos, entre ellos una licitación para prestar servicios de seguridad en el Hospital Regional Ramón Carrillo, el principal centro de salud de la capital provincial. Los detalles de la investigación revelaron que el contrato fue adjudicado en 2024 y tenía un monto inicial de más de $380 millones por un año. Sin embargo, las transferencias comenzaron antes de la adjudicación formal y se extendieron hasta fines de 2025. Solo en 2024, la empresa recibió más de $633 millones en más de 50 transferencias provenientes de las arcas provinciales. Durante 2025 el flujo de fondos continuó y elevó el total transferido a más de $1200 millones en el período analizado. Parte de ese dinero también habría llegado desde la municipalidad de Frías y desde la propia AFA, ampliando el circuito de ingresos de la firma. Toviggino y Santiago del Estero: cómo se realizaban las transferencias millonarias a las cuentas del tesorero El fiscal detectó un patrón llamativo: los fondos ingresaban a una cuenta bancaria de la empresa y eran redistribuidos en menos de 48 horas. Según la investigación, cerca del 95% del dinero era transferido rápidamente a otras cuentas, lo que dificulta rastrear su destino final. En paralelo, Segon amplió significativamente sus actividades comerciales. Para 2022 los registros de factura se concentraban principalmente por combustibles, hotelería y sistemas de seguridad, luego sumó múltiples rubros, desde servicios de investigación hasta actividades como peluquería o servicios fúnebres. La investigación también abarca otras estructuras vinculadas a Toviggino. Una de ellas es la mutual “Acceda Ya”, que entre 2024 y 2025 recibió cerca de $17,8 millones de fondos públicos. También se analizaron movimientos de allegados que recibían transferencias y las redistribuían rápidamente a cuentas de terceros, incluidos empleados estatales. La Justicia investiga la posible existencia de una asociación ilícita orientada al lavado de dinero, que habría operado mediante empresas interpuestas y facturación presuntamente irregular. Aunque aún no hay resoluciones definitivas, el caso suma tensión política y judicial en torno al manejo de fondos públicos en la provincia. Con información de LN.